¿PATRIOTAS POR EUROPA?
Suscita una sonrisa compasiva oír a los portavoces del grupo de extrema derecha Patriotas por Europa, al que se ha unido Vox, recitar, entre sus intenciones, la de desapoderar de competencias a esa monstruosa Bruselas, rebosante de burócratas, para devolverlas a los Estados soberanos.
La verdad es que esta pretensión, tan alocadamente expresada, desconcierta porque ignora la dirección que señala la flecha de la historia, a saber: la necesidad de atender los crecientes problemas sociales asumiendo la sucesiva integración de los viejos Estados nacionales en espacios políticos de mayor entidad. Como ignora, asimismo, los beneficios que de aquellas brumosas tierras recibimos: ¿tan pronto se ha olvidado la lucha europea contra la pandemia? Desde el apoyo a los científicos para la elaboración de vacunas a su posterior adquisición y rápida distribución, o los centenares de miles de millones de euros de ayudas reconocidos, por ejemplo, a España.
Pero centrémonos ahora en un ejemplo que precisamente toca a lo que ha sido un elemento clásico de la soberanía de los Estados: la seguridad, hoy ampliado a la ciberseguridad; es decir, la necesidad de garantizar el funcionamiento de infraestructuras, redes, dispositivos y, sobre todo, de asegurar la integridad de las comunicaciones electrónicas.
Recordemos cómo han evolucionado las responsabilidades públicas en este moderno sector de la ciberseguridad.
Las primeras disposiciones europeas empezaron por establecer un marco común, con el fin de conseguir un “nivel mínimo” en toda Europa: inicialmente, con relación a los sistemas informáticos de las instalaciones “críticas” -caso, por ejemplo, de las empresas energéticas- para ir extendiéndose a los sistemas informáticos de otros servicios esenciales, como los de abastecimiento de agua, sanidad, transporte público o redes de comunicaciones electrónicas.
Tendencia expansiva que igualmente se advierte en la organización. En 2004, se creó una agencia europea para impulsar la investigación, el asesoramiento y la colaboración entre autoridades y especialistas nacionales (ENISA), a la que, de manera progresiva, se le están atribuyendo otras competencias, fruto de su buen hacer. Un ejemplo: propone esquemas de ciberseguridad en los productos que persiguen facilitar un certificado, una especie de “pasaporte”, de tal modo que los fabricantes y empresarios no se vean obligados a peregrinar por las distintas administraciones de los Estados miembros. Uno solo, emitido en un Estado que garantice el esquema marco, abre la puerta a la comercialización en toda Europa, lo que consolida el anhelo de profundizar en el mercado único que tanto cuesta conseguir en un país como España, víctima de la tozuda insistencia que algunos obstinados despliegan para instalar aduanas autonómicas.
Un dato revelador: la constitución de ENISA fue impugnada por el Reino Unido -no se había producido el Brexit-, recurso que desestimó el Tribunal de Justicia. Sin embargo, en el Tratado de separación, el Gobierno británico solicitó, y consiguió, la posibilidad de participar en reuniones de esa agencia europea, ante la imprescindible necesidad de intercambiar información y colaborar para no ofrecer ninguna ventaja a los ciberterroristas.
Esta integración del régimen jurídico de la ciberseguridad se ha acentuado en los últimos años. Además del fortalecimiento de ENISA, se ha creado un centro con el fin de mejorar la formación de especialistas que han de apoyar técnicamente a las empresas. Este centro ha generado una robusta red formada con los organismos nacionales: en España, INCIBE es ejemplo por su meritorio trabajo. Asimismo, se ha perfeccionado la red de equipos de respuesta ante los incidentes de ciberseguridad y se ha configurado un ciberescudo con la conexión de los centros de los Estados miembros, más una red que cuenta con un plan de contingencia para las situaciones de emergencia (EU-Cyclone).
La ineficacia que se conseguiría con una normativa parcelada dentro de las fronteras nacionales produciría riesgos temibles y tangibles. Piénsese que el Gobierno alemán, ante un secuestro de sistemas informáticos de su Parlamento (abril de 2015), puso en marcha el mecanismo para que fuera la Unión Europea, y no las autoridades germanas, la que sancionara a los intrusos.
Por todo ello, existe un uso progresivo de reglamentos europeos, obligatorios en su literalidad en todo el territorio, preferidos a las directivas que, en teoría, proporcionan mayor espacio de acción a los Estados. Elocuente resulta el hecho de que los últimos textos aprobados albergan en su título la referencia a una palabra que es más reconocible por la generalidad de los ciudadanos: la “ley”. Y así se habla de la Ley de inteligencia artificial, la Ley de cibersolidaridad, la Ley de ciberresiliencia
Naturalmente, señores y señoras de Patriotas por Europa, todas estas normas son redactadas por burócratas, es decir, por especialistas muy cualificados que trabajan en las instituciones europeas. ¿Pueden ustedes señalar a quiénes debe encomendarse esta responsabilidad? Solo cuando tales intrincados textos han sido elaborados con los trebejos intelectuales de la madurez y la responsabilidad profesional, es cuando pasan al Parlamento Europeo, elegido por los ciudadanos, y al Consejo de Ministros, donde están representados los Estados para su aprobación definitiva. Exactamente igual, distinguidos patriotas a la violeta, que ocurre en los Estados europeos, donde también esos denostados burócratas tienen un protagonismo relevante en la elaboración de las leyes y en toda solución solvente.
Los politólogos, ya sean alemanes, franceses, italianos o españoles, desde hace mucho tiempo, describen en sus libros el declive que viven los parlamentos en beneficio del Poder Ejecutivo, y arbitran técnicas para preservar su integridad, siempre en la convicción de que ese burócrata, tan menospreciado por el ignaro, es la garantía de que se avanza con esmero y se persigue el acierto. Esta es la realidad europea y ha sido también la realidad española. Hasta que a España llegó, en 2018, el socialismo multinacional y en Technicolor, apoyado en los nacionalismos atávicos. A partir de ese momento, nuestro Parlamento, las Cortes Generales, han visto cómo se han ido arruinando sus atribuciones sin haber avanzado, antes al contrario, en la solidez técnica.
En un trabajo que publicamos en la Revista Española de Derecho constitucional (129), desgranamos ese “eclipse”. Resumamos aquí, con la brevedad que impone la ocasión, la escasa calidad de los productos normativos, el auge desvergonzado de los decretos-leyes; la relegación de trámites esenciales en la preparación de las leyes que originan graves destrozos; la reforma de leyes centrales del ordenamiento jurídico a través de enmiendas “intrusas” (Manuel Aragón); las ocurrencias inopinadas sin apoyo alguno en la opinión de los “fementidos burócratas”; las prisitas con las que se manosean leyes orgánicas; la pesadilla en que viven otras como la que afecta a los enfermos de ELA, enfrentada al muro de prórrogas propuestas por los partidos gubernamentales; en fin, la ausencia de presupuesto, omisión que es ya una espectacular infracción constitucional.
Y ya que hemos hablado de ciberseguridad, pronto se cumplirá el plazo para incorporar dos directivas de diciembre de 2022 con el fin de proteger mejor los sistemas informáticos de instalaciones “críticas” y servicios esenciales. ¿Se atenderá este compromiso o se abrirá a España un nuevo expediente sancionador con imposición de otra cuantiosa multa?
¿Es a este Estado y a este Gobierno al que se quiere rescatar de las garras intervencionistas de los burócratas de Bruselas? ¿Es a quienes tales mañas despliegan a quienes queremos ver libres de la vigilancia de las instituciones europeas? ¿Qué sería de nosotros, pobres seres burlados entre las sombras de las trapacerías?
¡Ah, Europa, matrona benevolente, sigue acogiéndonos en tu panza salvadora!
