MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Así lo ha decidido la Sala de lo Penal del TS al estimar los recursos interpuestos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado en representación de Hacienda, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
Los magistrados entienden, en una sentencia recogida por Europa Press, que la resolución de la Audiencia Provincial que absolvió a A y a las mercantiles Corporación JMMAC BV, International Restoration Cars Limited, Guanaba SL y Corporación JM Aristrain SL supuso una vulneración de la tutela judicial efectiva de la acusación por falta de la debida motivación.
De esta forma, el Supremo declara nulas la sentencia y el juicio, para que se celebre uno nuevo con diferente tribunal en el que se practique la prueba y se dé respuesta a todas las cuestiones planteadas con la debida motivación.
La Sala señala que en este caso "se exigía un mayor esfuerzo argumental del tribunal ante las alegaciones expuestas por las acusaciones en torno a las consideraciones que éstas pronunciaron de que el acusado es 'sujeto tributario', sobre todo en lo que afecta a que no se cumple el presupuesto de la letra b) del art. 9.1 LIRPF de que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta".
"Y complementándolo en mayor medida respecto a la letra a) dando respuesta a las alegaciones del Fiscal y la Abogacía del Estado de forma motivada y razonada con mayor detalle en torno a las razones por las que se entiende su no residencia real en España en los periodos indicados y que no existía en nuestro país el centro de las operaciones como núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos", indica.
LA FISCALÍA PEDÍA 64 AÑOS DE CÁRCEL
Fue en enero de 2022 cuando la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al magnate del acero, para quien la Fiscalía solicitaba 64 años de cárcel, al no "tener por acreditado" que el acusado "simulara" vivir fuera de España entre 2005 y 2009, años entre los que habría defraudado a la Hacienda Pública un total de 211 millones de euros.
Los magistrados reconocieron que "la prueba practicada es insuficiente". "Si no ha sido acreditado que fuera residente en España, ni que dirigiera desde Madrid dicha sociedad, no hay motivo para considera que estaba obligado a tributar en razón de tales impuestos", señalaron.
El Ministerio Público había imputado a A en su escrito de acusación hasta quince delitos de elusión tributaria, al tiempo que le reclamaba el pago en concepto de responsabilidad civil de 210.980.706,23 euros y la imposición de una multa que rondaría los 1.190 millones de euros.
