Durante su discurso, el ministro ha asegurado que España continúa avanzando en el proyecto de transformación y modernización que inició hace unos años y que, gracias a ello, nuestro país crece a un ritmo del 2,5%, cinco veces por encima de la zona euro, y por primera vez ha superado los 21 millones de personas empleadas. Además, el año pasado cuatro de cada 10 empleos nuevos en la zona euro se crearon en España.
La digitalización de la Justicia, en el centro de la acción política
Bolaños también se ha referido a la profunda transformación de la Justicia que está acometiendo el Gobierno, donde la digitalización se sitúa en el eje central. Por ello, España se encuentra ya, según la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), entre los primeros países en el ranking del índice de equipamiento en tecnologías de la información en el sistema judicial.
El ministro ha explicado que avanzar en una Justicia digitalizada es avanzar en una Justicia más ágil y eso favorece siempre el impulso económico. En este sentido, ha subrayado la importancia de seguir promoviendo la colaboración público-privada para el correcto desarrollo e implementación de muchas de las soluciones que se están llevando a cabo en este proceso de digitalización.
Como principales medidas, ha mencionado la aprobación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, una norma que recoge iniciativas concretas como la celebración de actos procesales mediante sentencia telemática, a través de puntos de acceso seguro, reduciendo la necesidad y los costes de desplazamiento a un juzgado sin perder garantías. También incorpora herramientas como la Carpeta Justicia, que permite a cada persona consultar los expedientes en los que sea parte o interesada y pedir cita previa para ser atendida ágilmente y de forma sencilla desde su casa. Además, amplía el uso de la robotización y la inteligencia artificial con el objetivo principal de automatizar ciertos procesos, facilitando la resolución de asuntos repetitivos y manuales de forma más rápida y permitiendo destinar el equipo humano del servicio público de Justicia a tareas de verdadero valor añadido.
Las personas, la razón de ser del servicio público de Justicia
El fin último del impulso reformista que lidera el ministerio es acercar la Administración de Justicia a las personas desde dos vertientes: por un lado, trabajando por ofrecer un servicio próximo, de fácil acceso y comprensible para todas y todos, y especialmente para las personas más vulnerables; y por otro, mejorando y agilizando los procesos y procedimientos organizativos, favoreciendo el trabajo de los operadores jurídicos.
Bolaños también ha destacado el impulso que ha dado el Gobierno al proyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa, una norma pionera en Europa, que ya está en tramitación parlamentaria y cuenta con un amplio consenso. Una de las principales novedades de esta ley es que incorpora un derecho nuevo, conectado al derecho de defensa: que los actos, comunicaciones y resoluciones judiciales se redacten en un lenguaje claro, sencillo y accesible.
Finalmente, el ministro ha recordado la total renovación de la estructura organizativa de la Justicia, a través de la futura Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, y se ha referido a otros proyectos en los que actualmente está trabajando el ministerio, como la implantación progresiva de un modelo de Registro Civil electrónico.
