EUROPA SE IMPLICA ANTE LA AMNISTÍA: CARTA Y DEBATE
El pleno del Parlamento Europeo del pasado miércoles visibilizó la delicada situación en la que nos encontramos como consecuencia del progresivo debilitamiento del Estado de Derecho en nuestro país. Un debilitamiento que no se ha iniciado ahora, pero que se ha agravado en los últimos meses y ante el cual las instituciones de la Unión Europea (UE) no pueden permanecer indiferentes.
Y no pueden permanecer indiferentes porque los principios y valores que recoge el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea son esenciales en esa comunidad económica, política y jurídica que es la Unión. Cuando se pone en riesgo el Estado de Derecho, protegido por ese artículo 2, se activan las competencias de las instituciones de la UE, pues la protección de los principios democráticos en los Estados miembros es una tarea compartida entre las instituciones nacionales y las europeas.
De hecho, las instituciones de la Unión llevan tiempo trabajando en relación a la salud de la democracia en nuestro país, como demuestran los últimos informes sobre el Estado de Derecho elaborados por la Comisión, en los que se documentan algunos de los ataques a la independencia judicial en España y se pide la adopción de medidas como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y una reforma legal que permita que sean los jueces quienes designen a una parte de los vocales del Consejo. Ahora bien, los acontecimientos de los últimos meses han supuesto una escalada a la que también están dando respuesta las instituciones de la Unión.
Así, resulta significativo que ante el acuerdo entre el PSOE y Junts, y antes de existir siquiera una iniciativa legislativa orientada a trasladar al Boletín Oficial del Estado el contenido de dicho acuerdo, el comisario de Justicia, Didier Reynders, se dirigiera al Gobierno español para pedir detalles sobre la posible futura Ley de Amnistía. Unas semanas más tarde, el pleno del Parlamento Europeo ha tratado el tema, evidenciando que preocupa más allá de las fronteras españolas. En un debate intenso en el que no solamente intervinieron diputados españoles, se hizo patente que lo que está sucediendo en nuestro país está siendo observado con interés desde otros Estados. La suma de intervenciones de los representantes del Partido Popular Europeo y del grupo liberal (Renew) reflejó de forma demoledora la división interna que los pactos de investidura con los partidos nacionalistas han generado en España, así como la preocupación que suscitan no sólo en la oposición sino en el mundo judicial respecto a su incidencia en el Estado de Derecho.
No es extraño. Tal como se indicó en el debate del miércoles, no hay un Estado de Derecho español o italiano, sino europeo; en el sentido de que, si se amenaza la separación de poderes o los principios democráticos en algún lugar de la Unión, toda ella se pone en peligro. Por otra parte, no puede perderse de vista que, en los últimos años, las instituciones de la Unión han actuado en respuesta a vulneraciones del Estado de Derecho en Hungría y Polonia. Quienes se han visto afectados por las medidas o resoluciones adoptadas, tanto en lo que se refiere a los países objeto de dichas medidas o resoluciones como a las fuerzas políticas que han sido cuestionadas, están preocupados por que las instituciones europeas no utilicen los mecanismos de control de los que disponen de una manera parcial o partidista. Las actuaciones previas de la Comisión han sido alegadas como argumento para exigir que en el caso de España su actuación no sea menos rigurosa que en otros. No creo que exista ese riesgo. El comisario de Justicia ha indicado que habrá ocasión de seguir tratando el tema del Estado de Derecho en España y alabó la disposición al diálogo del Gobierno español.
Cuando las autoridades de la Unión verifican el cumplimiento de una obligación legal por parte de los Estados miembros, el diálogo es siempre el primer paso. Si no hubiera nada que controlar, tampoco habría nada sobre lo que dialogar. El lenguaje europeo puede ser sutil, pero no deja lugar a dudas. La Comisión Europea está implicada: tanto la inédita petición de explicaciones al Gobierno español por carta ante una proposición de ley que ni siquiera ha sido aprobada como las palabras del comisario de Justicia en el pleno lo demuestran.
