EL TRAMPANTOJO QUE COMPRA EL PSOE
En el juego de espejos o directamente el trampantojo en que se está convirtiendo a ojos vistas el Estado democrático de derecho en España debido a las exigencias de Junts y ERC para investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, el último episodio -por ahora- es el del reconocimiento de una supuesta doble legitimidad: la de toda la vida, es decir, la constitucional, y una novedosa, al menos para los juristas, que al parecer puede existir al margen de la anterior y que es “parlamentaria y popular”, según se explica en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC.
Y resulta que, lamentablemente, esas dos legitimidades pueden entrar en conflicto. Además de asumir de forma acrítica el marco del relato independentista (la supuesta existencia de una voluntad popular constreñida por un Estado que no constituye una auténtica democracia), el PSOE admite la posibilidad de contraponer la legalidad institucional y democrática, que es la única existente y sobre la que se funda nuestra convivencia, a una entelequia de raíz romántica y profundamente iliberal.
Según este texto, que me temo quedará para la Historia y no precisamente para bien, en una democracia avanzada del siglo XXI hay dos principios que pueden colisionar y que, por tanto, hay que armonizar: el principio democrático y el principio de legalidad. Como si, en un Estado democrático, el segundo no fuera la expresión del primero, para entendernos.
Aunque produce mucha tristeza tener que explicar esto, tanto nuestra Constitución como nuestras leyes estatales y autonómicas (que deben respetarla) son la expresión del principio democrático. Por eso no puede existir contradicción alguna entre ambos principios en un Estado democrático de derecho como su propio nombre indica. Cuando hay una mayoría suficiente, tanto la Constitución como los Estatutos de Autonomía y por supuesto las leyes se pueden modificar. Pero no en caso contrario. No hay nada más democrático que eso.
Lo que ocurre sencillamente es que los independentistas carecen de mayoría hasta para cambiar el Estatut. Y por eso, como buenos iliberales, tienen que apelar a una supuesta voluntad de un “sol poble” (que ellos representan), pese a que los ciudadanos realmente existentes se obstinan, elección tras elección, en concederles una mayoría insuficiente para alcanzar sus objetivos. Por eso se lanzaron al procés y a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), algo no sólo ilegal y anticonstitucional sino profundamente antidemocrático. Por muchas urnas que se pongan, conviene recordar que los plebiscitos sin garantías son especialmente valorados en los Estados iliberales o, si se prefiere, en las autocracias.
Siendo esto así, es obvio que el enorme riesgo que amenaza al Estado democrático de derecho español se deriva de que el PSOE, el partido sobre el que ha reposado la institucionalidad en España hasta ahora, esté dispuesto a comprar esta chatarra ideológica por muchas palabras altisonantes con las que se disfrace y por muchos juristas y politólogos complacientes que lo avalen retorciendo los conceptos y su significado y redactando textos que, desgraciadamente, tanto recuerdan a los de épocas que creíamos superadas.
El Estado democrático de derecho está en peligro, pero esta vez es porque sus supuestos defensores ya no creen en él o incluso lo consideran un obstáculo para alcanzar el Gobierno. ¿De verdad merece la pena este despropósito para evitar un gobierno con la ultraderecha? ¿O para sacar adelante un supuesto “Gobierno de progreso”? Creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos muchos votantes socialistas, pensamos que es un precio demasiado alto.
