VÍCTIMAS DE ETA Y DE LA PAZ
Desde el pasado lunes, el periódico EL MUNDO viene revelando una serie de informaciones sobre el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, correspondientes a su etapa como miembro de la organización terrorista ETA político-militar (ETA p-m). Empezamos la semana conociendo que “miembros de ETA implicaron a Otegi en nuevos secuestros y un asesinato”. Lo relevante de estas informaciones, además de aportar datos inéditos sobre el pasado terrorista de Otegi, del que sólo se conocía su vinculación con tres secuestros, es que vienen acompañadas de pruebas. Una de ellas es la nota manuscrita por el propio Otegi, en la que el dirigente etarra daba instrucciones a otro miembro de la organización terrorista para el secuestro de un industrial en 1983.
Hasta ahora lo que conocíamos era que Arnaldo Otegi había ingresado en ETA p-m en 1977. En 1983 fue detenido por primera vez en Francia. En 1984, tras la división entre los polimilis, que querían dejar las armas, y los séptimos y los milikis, que querían seguir atentando, se incorporó a ETA militar. El 8 de julio de 1987, tras ser detenido de nuevo en Francia, Otegi fue entregado a las autoridades españolas en el puesto fronterizo de Hendaya. En enero de 1989 fue acusado del secuestro en 1979 del entonces responsable de relaciones internacionales de UCD, Javier Rupérez, pero fue absuelto al no ser identificado por Rupérez como uno de sus captores. El 21 de febrero del mismo año fue hallado culpable del secuestro de Luis Abaitua y condenado a seis años de cárcel. En octubre de 1990 fue puesto en libertad provisional tras haber cumplido la mitad de su condena. Ese mismo año también fue absuelto del atentado e intento de secuestro del entonces diputado de UCD Gabriel Cisneros. En septiembre de 1991 ingresó en prisión para terminar de cumplir la condena por el secuestro de Abaitua hasta mayo de 1993. Una vez en libertad comenzó con su carrera política en las filas de lo que después fue calificado por los tribunales como “brazo institucional de ETA”. En las elecciones autonómicas de 1994 se presentó en las listas de Herri Batasuna. Aunque en un primer momento no consiguió el acta de parlamentario, finalmente en septiembre de 1995 accedió al Parlamento Vasco al sustituir a otra diputada. En noviembre de 1997, y tras la condena a siete años de cárcel a los miembros de la Mesa Nacional de HB por haber intentado difundir un vídeo de ETA en la campaña electoral para las elecciones generales de 1996, fue elegido miembro de la nueva dirección de HB.
Ahora, gracias a las revelaciones de EL MUNDO conocemos el papel fundamental de Otegi dentro de ETA, ya no sólo en su frente institucional, sino también en comandos operativos entre los años 1977 y 1987, llegando a estar involucrado en, al menos, 10 crímenes terroristas. Sin embargo, salvo en los casos de Rupérez, Cisneros y Abaitua, nunca ha respondido ante los tribunales por ello. Lo primero que le viene a la cabeza a cualquier ciudadano de bien tras leer las diferentes entregas de EL MUNDO de estos días es ¿y por qué? ¿Por qué Otegi no ha sido, ya no juzgado, sino nunca interrogado por un juez por estos crímenes? La respuesta: porque fueron cometidos por ETA político-militar.
ETA p-m apareció en octubre de 1974 como consecuencia de una escisión que se produjo en las filas de ETA. Una parte de la organización polimili, denominada los séptimos, sobrevivió hasta 1982, año en el que decidió disolverse y abandonar las armas. Otra facción, bautizada como los milikis y formada por apenas una veintena de etarras, decidió pedir el retorno a la rama ETA militar en 1983. La decisión de los séptimos se formalizó el 30 de septiembre de 1982, cuando 10 de sus miembros, a cara descubierta, hicieron público un comunicado en el que anunciaron su disolución como banda armada y la renuncia al terrorismo. No hubo ni autocrítica, ni perdón, ni colaboración para el esclarecimiento de los atentados sin resolver. Todo lo contrario, esta decisión fue el resultado de las conversaciones que habían comenzado a finales de 1980 entre el ministro del Interior Juan José Rosón y los dirigentes del partido político Euskadiko Ezkerra Mario Onaindia y el abogado Juan María Bandrés. El objeto de dichas conversaciones fue intentar que los terroristas dejaran las armas a cambio de medidas de gracia para los polimilis presos y fugados.
Mientras Bandrés y Onaindia negociaban con Interior, delegaron la gestión del proceso con los presos en dos abogados, Juan Infante y Arantza Leturiondo. Inicialmente, elaboraron un listado de 100 terroristas, 30 en prisión y 70 huidos. Una vez puesto en marcha el proceso, que se extendió a lo largo de dos años, el número de presos beneficiados llegó a superar los 300.
Treinta años después de este proceso fueron los propios Infante y Leturiondo quienes recordaban en el diario El País que acordaron con los representantes del Gobierno tres salidas diferentes para los presos y huidos polimilis comprometidos a rechazar la violencia: a los presos pendientes de juicio se los ponía en libertad provisional bajo fianza y, posteriormente, se les concedía la absolución o el sobreseimiento; a los presos ya juzgados y encarcelados el Gobierno tenía que concederles indultos individuales, previa petición de los mismos. Y, en el caso de los polimilis huidos al extranjero, se presentaban voluntariamente acompañados de sus abogados ante el juez de la Audiencia Nacional que los tenía procesados y quedaban en libertad. En los casos de los huidos que regresaban, los fiscales retiraban los cargos en los casos no juzgados y los jueces sobreseyeron las causas, y en los casos en los que se llegó a celebrar juicio dictaron absoluciones por falta de pruebas.
En este proceso no solo colaboraron los jueces y fiscales, también los medios de comunicación pusieron de su parte evitando informar de los indultos a presos polimilis condenados que aparecían publicados en el BOE. Como recuerda Leturiondo, Felipe González llegó a firmar 44 indultos en el BOE entre 1983 y 1984, que “pasaron sin pena ni gloria”. Por su parte, Infante recordaba que la colaboración entre el poder político y judicial para facilitar ese proceso llegó a extremos hoy impensables. Así, en diciembre de 1983, durante la declaración en la Audiencia Nacional de dos dirigentes polimilis que se encontraban huidos, el juez les preguntó si admitían los hechos que se les atribuían. Según el protocolo acordado, tenían que negarlos. Pero ante la ausencia en ese momento de su abogado, ignorantes del protocolo, admitieron los hechos. El juez se dirigió a la taquígrafa y le dijo: “Ponga que han dicho que no”.
Esta generosidad penal y penitenciaria que se aplicó para facilitar el cese de la violencia de una facción de ETA p-m y la supuesta reinserción de sus miembros se hizo entonces a costa de las víctimas, de las que nadie se acordó en ningún momento y a las que se privó de su derecho a la justicia. A falta de una amnistía propiamente dicha, lo que hubo fue una amnesia colectiva de los crímenes que los terroristas beneficiados habían cometido. O lo que es lo mismo, una amnistía encubierta.
Según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a ETA p-m se le atribuye la autoría de 24 asesinatos. De ellos, 14 se perpetraron después de la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977. De esos 14, solo en un caso -el asesinato del dirigente de la UCD Juan de Dios Doval- se llegó a sentar en el banquillo a los responsables, pero fueron absueltos por falta de pruebas. De los otros 13, aunque en siete de los casos los responsables fueron identificados e incluso procesados, sus autores nunca fueron juzgados. En conclusión, al igual que Arnaldo Otegi no ha respondido por ninguno de los 10 crímenes terroristas en los que habría intervenido, ningún otro miembro polimili ha respondido ante la justicia por los 24 asesinatos cometidos.
Es muy probable que estos crímenes que ahora hemos conocido estén prescritos, pero Otegi tiene mucho que aclarar por ellos, y por los otros 23 asesinatos cometidos por la organización terrorista a la que perteneció y en la que, hemos sabido, ejerció labores de responsabilidad. A los familiares de Jerónimo, Argimiro, Luis, José, José Ramón, Ángel, José Luis, Jesús María, Manuel, Javier, Alfonso, José Manuel, Jesús Emilio, Juan, Guadalupe, Dorothea, Dionisio, José Manuel, Luis, Mario, Basilio, José Ignacio, Juan y Alberto se les privó de la reparación de ver a los asesinos de sus seres queridos sentados en el banquillo. Ahora sólo les queda su derecho a conocer la verdad y eso está en manos de Otegi.
