CÓRDOBA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Además, según recoge la resolución, el Alto Tribunal impone las costas al colectivo "por ser preceptivo, especialmente justificado en el presente caso porque la sentencia de primera instancia había agotado el debate procesal, si bien limitadas a 800 euros más lo que resultare por IVA".
En este caso, se expone que la admisión de la demanda "se basa en dos motivos principales que pueden resumirse en que la incorporación de residuos no peligrosos a la producción de cemento no es un cambio de actividad y que no incrementa el riesgo para la salud ni el medio ambiente".
Al respecto, se señala que la actividad que la demandante realiza en sus instalaciones de Córdoba "sigue siendo la que cuenta con autorización ambiental integrada desde 2007, con sucesivas modificaciones, aunque se emplee un combustible diferente y por tanto una nueva licencia de actividad no era necesaria".
Por otro lado, "tampoco es precisa una nueva licencia de obras, porque basta con las realizadas al amparo de la concedida para el empleo de biomasa, cuya legalidad no se cuestiona", agrega el TSJA, que apunta que "no se ha demostrado la peligrosidad de la valorización", entre otros aspectos.
