MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía, que pide proceder a su entrega al país africano, explica en su escrito que el 3 de enero de 2016 se elaboró un atestado policial por un delito de falsificación de documentos administrativos, lo que llevó a un registro en un domicilio.
El propietario de esa vivienda era, apunta el Ministerio Público, la persona a la que "el reclamado le entregaba la documentación". Allí, los agentes intervinieron entre otros 254 pasaportes marroquíes, 9 pasaportes españoles y otros de diversas nacionalidades.
Además, los investigadores se hicieron con 8 permisos de residencia de España, permisos de conducir, tarjetas extranjeras de seguro médico, documentos nacionales de identidad de países de la Unión Europea y 520 fotografías de hombre y mujeres.
El Ministerio Público explica que los hechos no han prescrito y que los mismos serían constitutivos, según la legislación marroquí, de delitos de asociación a una banda para organizar y facilitar el abandono del territorio nacional, así como un delito de complicidad de falsificación de documentos administrativos.
