Dirección
D. Joaquín María Barrón Tous. Tribunal Administrativo de RR. CC. de la Junta de Andalucía.
Presentación
A lo largo del curso se analizará desde una perspectiva jurídica la creación de los órganos de resolución de recursos contractuales y especialmente el caso del TARCJA, analizándose asimismo el ámbito de sus competencias. Posteriormente será objeto de estudio la naturaleza del recurso especial en materia de contratación, su ámbito subjetivo y objetivo, la legitimación para su interposición y los aspectos formales a tener en cuenta para su interposición, así como el procedimiento para su resolución.
En las siguientes sesiones se analizará la doctrina emanada por el TARCJA en los años que lleva funcionando, atendiendo a las distintas actuaciones que pueden ser objeto de impugnación: anuncio y pliegos, actos de trámite, adjudicación, así como otros supuestos como las modificaciones contractuales y la formalización de los encargos a medios propios.
Finalmente, se analizarán otras cuestiones de interés con relación a la contratación y al recurso especial, como son: los contratos sujetos a la legislación patrimonial, la aplicación del arbitraje como posible solución a los conflictos en la ejecución de los contratos, contratación centralizada y aplicación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Asimismo, se analizará el recurso especial en materia de contratación en el ámbito local y la contratación en el ámbito del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, con relación a los sectores del agua, la energía, transporte y postales.
Objetivos
El objetivo de esta actividad académica es la formación en la Ley de contratos del sector público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) en lo relativo al recurso especial en materia de contratación, y el análisis de la principal doctrina emitida por el Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (en adelante, TARCJA), al igual que la de los demás Tribunales Administrativos de recursos contractuales creados en el resto del territorio español, tiene su origen a nivel normativo en la Directiva 2007/66/CE. El devenir del funcionamiento del Tribunal ha dado lugar a situar al mismo en una posición estratégica en el ámbito de la contratación pública no sólo de la Junta de Andalucía sino de nuestra Comunidad Autónoma, dados los cambios normativos operados tanto en la Ley de Contratos, cuando amplía el ámbito objetivo del recurso sino también teniendo en cuenta que las entidades locales así como las propias universidades en la mayoría de los casos no han optado por crear un Tribunal propio o no han procedido, en su caso, a atribuir la competencia a los órganos de resolución de recursos de las diputaciones provinciales, sino que han preferido atribuirla, ya sea de forma expresa o tácita, al TARCJA.
La contratación administrativa es actualmente uno de los campos más dinámicos dentro del Derecho Administrativo, como queda recogido en el estudio sobre los procedimientos de contratación pública en España en 2019 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia <<la contratación pública representa entre el 10% y el 20% del PIB español, por lo que tiene una innegable relevancia en la economía. Por esta razón, la mejora de los procedimientos de contratación contribuye activamente a sostener las cuentas públicas y permite que se ofrezcan más servicios públicos y de mejor calidad>>.
De lo anterior, resulta indudable la trascendencia e interés que despierta la actividad desarrollada por los órganos de resolución de recursos contractuales como el TARCJA, cuya función se centra en analizar la legalidad de las actuaciones que se producen en la tramitación de los procedimientos de contratación que son impugnados mediante la interposición del citado recurso, tanto para personas que acaban de terminar sus estudios universitarios y quieran ampliar sus conocimientos en esta rama jurídica, como para profesionales que necesiten conocer la última doctrina y jurisprudencia sobre la materia así como empleados públicos con responsabilidades en la misma.
Desde hace tiempo se viene demandando cada vez con mayor insistencia la necesidad de avanzar en una auténtica profesionalización de la contratación pública, debido a su mencionada complejidad. La misma Unión Europea viene insistiendo en la necesidad de preocuparse por la profesionalización de quienes tendida como garantía del “derecho a una buena administración”, demanda la profesionalización con el alcance amplio al que nos estamos refiriendo, abarcando todos los aspectos relativos a la gestión de la contratación.
