EL RAMPANTE DEPRECIO AL DERECHO
Avivado por una reciente operación corporativa que ha tenido gran eco, saltó hace unas semanas a la actualidad el debate sobre si existía seguridad jurídica en España. Rehúyo entrar en si existe o no; o mejor, rehúyo entrar en qué grado existe o deja de existir. Se trata de un concepto de contornos tan amplios y, como escribió en el siglo XVI fray Antonio de Guevara en su ‘Menosprecio de la corte y alabanza de la aldea’: “Es el tiempo tan mudable, es el hombre tan variable”, que hoy me limito a analizar una de las, para mí, causas importantes que favorecen que acabe predominando más la inseguridad que la seguridad jurídicas. Me refiero a algo que cada vez me preocupa más: el rampante desprecio al Derecho que vivimos en nuestros días.
Repaso a continuación varias de las desacertadas opiniones en las que se asienta este fenómeno y adelanto lo que me parecen. Los juristas son, salvo contadas excepciones, conservadores y reacios al cambio, cuando hay de todo y lo que verdaderamente repugna a la mentalidad jurídica no es el progreso sino el caos y el desorden, sobre todo en la forma de conseguir objetivos por innovadores que sean. El Derecho es siempre un obstáculo, un impedimento en el camino para el logro de metas políticas progresistas, por lo que es preciso relegar o reducir a su mínima expresión las exigencias jurídicas, cuando su respeto es la mejor garantía del buen fin de lo que se pretenda con independencia de su alcance. No es fundamental tener en cuenta ni hay que exagerar previsibles e incluso anunciados efectos negativos de una defectuosa elaboración o ejecución de la norma jurídica, cuando tal proceder está creando en estas fechas situaciones radicalmente opuestas a lo querido. El Derecho no es más que un andamiaje o una apariencia formal que ni alberga valores ni es un instrumento eficaz para su logro, cuando lo que Fernando Vallespín llama “frialdad del Derecho” está muy superada hoy por el entendimiento principal y axiológico que impone la Constitución. Frente a la voluntad política democráticamente expresada que no tiene límites el Derecho entraña indeseables cortapisas a su alcance, cuando es el cauce para conseguir avances socio-económicos perdurables.
Como fruto de todo ello y de otros factores en los que no me puedo adentrar, las olas del desprecio al Derecho van llegando a la playa de la seguridad jurídica con consecuencias deplorables y lo hacen impulsadas por la gran marejada del populismo en su vertiente jurídica. Para evitar disquisiciones personales, acudo a Alain Finkielkraut para poner sobre el tapete que “los tres grandes componentes del populismo, en su sentido clásico, son el antielitismo, el antiintelectualismo y el rechazo de la alteridad de todas sus formas”. El ataque al Derecho y como hijuela su desprecio constituyen de entrada una diana irresistiblemente atractiva para el populismo por razones que sintetizo mucho. La necesidad de una buena política legislativa y de su acertada articulación técnica, ambas complementarias de las metas políticas del signo que sean, precisan contar con un grupo cualificado y respetable de juristas contra los que es fácil dirigir el venablo antielitista. Las correctas elaboración y aplicación del Derecho compatibles con los variados fines políticos que se persigan requieren acudir a la razón y a los conocimientos como elementos que limitan la voluntad política que quiera pasar por encima de todo, de ahí la poca inclinación del populismo jurídico a respetarlo.
Por último, el buen Derecho, en el que, insisto, se pueden cobijar políticas avanzadas dentro de los amplios márgenes de la Constitución de 1978, exige ponderar todos los intereses concurrentes en la materia que se regule para así aprobar medidas factibles que no produzcan efectos contrarios a los deseados; con otras palabras, requiere alteridad, a la que el populismo es poco dado.
Las consecuencias del desprecio al Derecho alimentado por el populismo jurídico son lamentables y tienden a agujerear el Estado social y democrático de Derecho. Me ciño a un breve apunte. El encauzamiento de iniciativas legislativas por caminos inadecuados y con arrumbamiento de los requerimientos propios de la elaboración documentada y reflexiva de toda norma jurídica. La desatención o la atención con oídos sordos a los juristas o a los órganos jurídicoconsultivos que asesoren como es debido, y, en su caso, la atención a los juristas u órganos jurídico-consultivos complacientes que se atienen sin más a lo que los políticos quieren. El dominio del puro voluntarismo político arrumbador de la racionalidad jurídica. La extensión como mancha de aceite de lo que Darío Villanueva llama “espontaneísmo populista”, que en el campo jurídico es equivalente al “ocurrentismo normativo” o regulación a golpe de ocurrencias que respondan a conveniencias políticas a corto plazo y para salir del paso. Las insufribles ligereza y superficialidad a la hora de hacer normas, que, junto con otras causas, han llevado a que, según un estudio publicado recientemente por el Banco de España y del que son autores J. Mora-Sanguinetti, J. Quinta, I. Soler y R. Spruk, de 1979 a 2022, las Administraciones públicas han aprobado en nuestro país ¡414.272! disposiciones, fenómeno multiplicado en los últimos años por la crisis de 2008 y la del Covid. La pésima calidad normativa y la no mejor técnica legislativa que están enfangando el ordenamiento español en casi todas sus vertientes. Y acabo, aunque podría ocupar muchas más líneas, la malhadada tendencia a atribuir los efectos de las equivocaciones ocasionadas por el relegamiento de la técnica jurídica a unos jueces que, se alega, no saben aplicar debidamente las leyes aprobadas, aunque lo hayan sido cuajadas de deficiencias. La mezcolanza de todo ello da lugar a que, como recuerda con su magnífica pluma Antonio Muñoz Molina: “Un parlamentario veterano y escéptico me dice que en estos tiempos muchas leyes no se hacen para ser cumplidas, sino para añadir leña al fuego de la propaganda partidista. Las palabras rotundas que prometen la justicia y la igualdad se quedan en el aire si no cuentan con la letra pequeña y nada heroica de los procesos administrativos que las conviertan en actos verdaderos, ágiles y al mismo tiempo sometidos al control de la legalidad y de la eficiencia”.
Creo que es muy necesario tomar conciencia del rampante desprecio al Derecho que empieza a cobrar cuerpo en la sociedad y la política españolas. Hay que atajarlo porque, de no hacerlo, contribuirá a traer una insoportable inseguridad jurídica y un peligroso socavamiento de los cimientos de nuestro Estado social y democrático de Derecho. El Estado social y democrático no es conquista de un solo día, el 27 de diciembre de 1978 cuando fue sancionada la Constitución, sino del quehacer constante de ciudadanos, políticos y juristas de toda clase coincidentes en el propósito de evitar que, por la fuerza de los hechos y con el paso del tiempo, quede vaciado de contenido, agujereado o convertido en un hueco caparazón formal.
