MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal desestima así el recurso presentado por la defensa del expolítico 'popular' que buscaba ser exonerado al igual que ocurrió en octubre de 2022 con la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González por esa presunta existencia de una 'caja b' para los diferentes comicios y por los contratos adjudicados por la administración madrileña y, en concreto, los contratos de reputación 'online' para posicionar a altos cargos del PP en redes sociales.
La Sala entiende que en el caso de Granados no existe prescripción para el delito electoral, como alegaba en su recurso, y eso "a pesar de los esfuerzos dialécticos realizados por la parte recurrente". "No se ha acreditado de forma indubitada que haya operado esta causa de archivo --la prescripción-- de las actuaciones", indica.
Añade que la imputación de Granados en la pieza tampoco puede ser impugnada por sorpresiva "y mucho menos como extemporánea", y apuntala que no hay elementos suficientes para acordar "tan drástica solución procesal, teniendo en cuenta que, al parecer, ni al iniciarse este procedimiento, ni al tomarse declaración como investigado al aquí apelante, no había transcurrido el plazo de prescripción aplicable al nombrado tipo penal especial".
CONVERSACIONES TELEFÓNICAS
Por otro lado, la Sala indica que no comparte con el recurrente que las conductas atribuidas a Granados en esta pieza 9 de 'Púnica' sean susceptibles de ser archivadas por ausencia de indicios racionales de criminalidad.
"Contrariamente a la tesis de la parte apelante, en autos consta claramente los indicios que llevan al magistrado instructor a considerar presuntamente punibles determinados actos del apelante; en concreto, las observaciones telefónicas, las declaraciones de determinados investigados y testigos, así como la pericial y la documental recabada", subraya.
Al hilo, añade que de esos indicios se infiere provisionalmente que Granados en calidad de director de campaña en los comicios autonómicos celebrados en Madrid durante 2011, "manipuló y falseó, o coadyuvó a dichos fines, las cuentas electorales presentadas al organismo autonómico de fiscalización".
Suma a esto que en su condición de consejero de Presidencia del Gobierno de Madrid "atrajo la actuación del también investigado Alejandro de Pedro para que éste, a través de empresas por él controladas, hiciese trabajos de reputación online y de posicionamiento en Internet al recurrente y a otros miembros relevantes del Ejecutivo madrileño, con cargo a los fondos públicos".
