CÓRDOBA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Para Nieto, es un ejemplo del importante papel que desempeña el sistema judicial en beneficio de la sociedad y que hay que poner en valor, más aún en un momento en el que "mucha gente está descreída respecto a la Justicia" y en el que, ante "las legítimas reclamaciones" de diferentes colectivos profesionales, "probablemente estamos olvidando el interés del ciudadano".
El consejero ha presentado junto al fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, y el fiscal delegado de la Sección Civil en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, la 'Jornada sobre defensa de los consumidores', que se celebrará el jueves en la Ciudad de la Justicia de la capital cordobesa para recordar el hito en la materia que supuso hace 20 años la acción colectiva emprendida por la Fiscalía provincial contra las cláusulas abusivas en contratos de gas, que impulsó el propio Santos Urbaneja.
Al respecto, el titular de Justicia de la Junta ha recordado que, con la ayuda fundamental del Ayuntamiento de Córdoba, la Fiscalía emprendió una causa pionera que "algunos consideraron una locura" y por la que "pocos daban un duro". Sin embargo, "con la fuerza de la ley y el tesón", el Ministerio Público logró una victoria que benefició a 104.000 familias andaluzas, ha valorado, para subrayar que "se reivindicaban los derechos de los ciudadanos por encima de intereses empresariales que estaban usando una vía que suponía un abuso".
Nieto ha aprovechado la presentación de estas jornadas para reconocer a Santos Urbaneja su trabajo "de implicación personal" tanto en aquella causa, como en toda su carrera profesional, centrada en la defensa de los consumidores y de colectivos especialmente vulnerables como las personas con discapacidad.
PENDIENTES CASI TRES MILLONES DE EUROS
En 2003, el Ayuntamiento de Córdoba puso en conocimiento de la Fiscalía provincial varias decenas de denuncias de usuarios de una compañía de gas por el presunto cobro indebido del alta y el canon anual.
El Ministerio Público consideró que dichos cobros se basaban en cláusulas abusivas y emprendió la primera acción colectiva en defensa de los derechos de los consumidores que, tras un largo proceso judicial, acabó dando la razón a los usuarios y condenando a la empresa por sus prácticas.
Tras 18 recursos de apelación, una vez que la sentencia fue firme, en 2007 comenzó su ejecución, igualmente compleja hasta el punto de que aún hoy varios cientos de familias andaluzas siguen cobrando las devoluciones a las que tienen derecho, casi unos tres millones de euros pendientes, ha precisado Santos Urbaneja.
Así, debido al esfuerzo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba para localizar a todos los afectados por la sentencia, mensualmente varios cientos de familias andaluzas reciben el reintegro de las cantidades que les fueron indebidamente cobradas por la compañía de gas.
La cantidad que la empresa tenía que devolver se cifró en más de 10,6 millones de euros y ha habido más de 200.000 familias andaluzas afectadas, aunque la acción colectiva se interpuso con unos 104.000 perjudicados, siendo "el único ejemplo de acción colectiva en masa" en España y la primera del Ministerio Público en defensa de los intereses de los consumidores.
Fue la Audiencia Provincial de Córdoba la que, en la resolución de sus recursos, fue marcando los hitos de la ejecución, supliendo la falta de normativa precisa.
Como reconocimiento a este esfuerzo y a la relevancia del procedimiento entablado, en el año 2010 la Junta de Andalucía concedió el Premio C-2010 de Consumo 'ex aequo' a la Fiscalía Provincial y al Consistorio, tras el ejemplo de cooperación interinstitucional, en el que intervinieron las administración local y autonómica y la Fiscalía, a lo que hay que añadir la decisiva colaboración de una Asociación privada de defensa de los Consumidores, la Asociación Ea! de Jaén.
Igualmente, este caso es estudiado en las universidades como pionero en la materia y, de alguna manera, adelantó en España el esfuerzo por tutelar desde el ámbito judicial los derechos de los consumidores.
"NO HAY CAUSAS PERDIDAS"
Ante ello, Nieto ha confiado en que la celebración de estas jornadas contribuya a que la ciudadanía "recupere la esperanza en el funcionamiento de la Justicia" y a trasladar el mensaje de que "no hay causas perdidas porque haya un ente poderoso que se impone a los consumidores".
El encuentro, organizado por la Fiscalía con el patrocinio de la Consejería de Justicia, abordará también los "nuevos retos" que los cambios experimentados en la economía y el comercio en estos 20 años suponen para la defensa de los derechos de los usuarios
Así, ha recordado que hoy la globalización hace que las multinacionales estén radicadas en países "donde cuesta mucho trabajo llegar, con parapetos articulados donde casi es imposible acceder para la defensa de los ciudadanos". Además, el comercio electrónico y el uso común de aplicaciones "que nos creemos que son gratuitas, pero que comercian con nuestros datos", exige mecanismos de ciberseguridad y protección de datos. "Es necesaria una normativa que regule las nuevas relaciones entre empresas y consumidores", ha subrayado.
Por ello, ha defendido el interés de la Consejería por apoyar jornadas, como ésta que se celebrará el jueves en Córdoba, para seguir "motivando a los jueces y fiscales" a trabajar en un área que, "seguramente no sea la más rentable," al tiempo que "transmitir a los consumidores confianza en la Justicia", ha elogiado Nieto.
REIVINDICACIÓN DE UNA LEY CON "DAÑOS PUNITIVOS"
Mientras, Santos Urbaneja y Sobrón han recordado el paso adelante que dio en su día el Ministerio Público para impulsar una acción colectiva pionera y las dificultades a las que tuvieron que hacer frente durante el largo proceso judicial y la posterior ejecución de la sentencia.
En las jornadas participarán abogados, jueces, fiscales, responsables de organismos de Consumo y profesores de Derecho Civil para analizar la protección de consumidores ante sectores como la banca, el mercado inmobiliario o el transporte aéreo, así como los cambios legislativos previsto en el Anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de intereses colectivos de los consumidores, que "emana conjuntamente" de los Ministerios de Justicia y de Consumo y que ha quedado en suspenso por las elecciones del día 23 de julio.
Se trata de trasponer al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.
Dicho texto recoge buena parte de las propuestas realizadas al hilo de las enseñanzas aprendidas en el procedimiento seguido en Córdoba. Si bien, Santos Urbaneja ha reprochado que el citado anteproyecto "va en el camino en contra de consumidores" y ha reclamado una ley con "daños punitivos", porque "se ha ido a peor en la defensa de los consumidores".
Igualmente, se encuentran en tramitación otros importantes textos legales que afectan a la materia de Consumo, como el Proyecto de Ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero y el Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia.
Entretanto, Sobrón ha agradecido al consejero de Justicia y a la delegada territorial del ramo, Raquel López, su implicación para desarrollar esta jornada, que también cuenta con la participación del Ayuntamiento de la capital.
