MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
"Primero, la pandemia. Después, una serie de huelgas van llevando a la administración de justicia española a una situación límite, por no decir cercana ya al punto de no retorno", señala el Consejo General de Procuradores de España, en un comunicado recogido por Europa Press.
Subraya que "los perjuicios están siendo soportados por los litigantes, que no ven satisfechas sus pretensiones, o reciben el amparo judicial tarde o limitadamente", pero también por los profesionales del mundo del derecho, recalcando que "en el caso de la procura suponen una distorsión grande".
"Los procuradores reconocemos los derechos y razones de las partes implicadas en los conflictos laborales. Pero ello, no limita nuestra facultad de instar unos rápidos acuerdos que pongan fin a esta situación, así como unas medidas que ayuden a la recuperación de la situación actual de la Justicia", han reclamado.
Cabe recordar que el año comenzó con una huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que se prolongó entre el 24 de enero y el 28 de marzo. Tras duras negociaciones con el Ministerio de Pilar Llop, finalmente lograron un aumento salarial de hasta 450 euros al mes.
Poco después, los funcionarios de la administración de justicia comenzaron su propia huelga indefinida el 17 de abril --que aún continúa-- para conseguir una mejora retributiva similar.
Por su parte, jueces y fiscales han convocado huelga indefinida para el 16 de mayo si antes no logran un acuerdo con Justicia para actualizar sus salarios. En la primera reunión, celebrada el miércoles, el Ministerio les ofreció unos 44 millones de euros, que representarían un 6% de la pérdida adquisitiva que ambas carreras denuncian, si bien sitúan la cifra en un 20%, por lo que ese monto estaría lejos de colmar sus demandas. El lunes, darán su respuesta al departamento de Llop.
Entretanto, el sindicato de abogados Venia Advocatorum Unio y las 14 asociaciones que conforman la plataforma del turno de oficio han amenazado también con convocar una huelga general si no reciben mejoras laborales que "eviten la quiebra y depauperación del esencial servicio del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita".
