Lamentablemente, la nueva Ley de Vivienda no va a conseguir defender a las familias vulnerables. Empecemos por lo que creo más preocupante: es una Ley que impone una expropiación general de la propiedad privada de las viviendas de todos los españoles, convirtiéndola en una especie de tenencia tutelada por el Estado, incluidos los que son propietarios de un pequeño pisito (arts. 7, 10 y 11 y DF 6). Así, muy pronto verán que el Estado nos irá indicando a quién podremos alquilar o vender nuestra casa, a quién dejarla en herencia, cómo usarla, si nos “sobran” habitaciones, si no la usamos mucho, etc.
Es un texto pretencioso, salpicado de reiteraciones innecesarias de la Constitución y de obligaciones civiles presentes en nuestro Derecho desde hace décadas. Muchas de sus medidas son de carácter intrusivo en las relaciones contractuales privadas, prohibiendo cláusulas, confundiendo obligaciones civiles o relaciones de vecindad con función social de la propiedad, generando inseguridad jurídica y mayores costes (arts. 6, 8, 9, DF 1.1, 2bis y 5ter, etc.); al tiempo que, en cambio, ahonda en la liberalización de los agentes inmobiliarios (cualquiera sigue valiendo para vender o para alquilar una casa), perjudicando con ello a los consumidores y demás necesitados de vivienda (art. 30).
La norma no incluye un concepto europeo de “vivienda social” (art. 3), de modo que seguiremos sin saber cuánta vivienda de este tipo hay en España, dónde está o cómo es, quién y cómo la está gestionando o si se revisa el “estado de necesidad” de los que llevan en ella décadas, etc. De modo que seguiremos yendo a ciegas en las políticas a adoptar. Es una norma que dificulta aún más el desalojo de okupas, convirtiéndolo en un laberinto burocrático y judicial que puede alargarse meses y meses (art. 24, DT 3, DF 5), amplificando el “efecto llamada” que llevamos sufriendo en Cataluña desde 2019. Al mismo tiempo, está amparando legalmente una situación muy precaria para muchas familias, que está considerada como sinhogarismo a nivel internacional. Esto es inaceptable.
Es una norma que incorpora recargos tributarios a viviendas vacías (DF 3), medida respecto a la cual las experiencias tanto nacionales como internacionales han demostrado que es meramente recaudatoria, sin efecto en la mayor asequibilidad habitacional. Y que prevé unos mecanismos de control de renta forzoso (DF 1.2) que, combinados con lo anterior, contraerán y precarizarán la oferta de vivienda en alquiler, aumentarán las rentas, el mercado negro y expulsarán a los que menos tienen, como ha sucedido en todos los países, regiones y ciudades en los que se ha implementado, incluida Cataluña entre 2020 y 2021, generando aún mayor tensión.
Con ella, el Estado pretende hacer recaer aún más sobre los particulares una obligación que tiene él, como es la de garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE). No se ha conseguido nunca, sino que lo han agravado nuestros gobernantes multinivel con políticas erráticas de vivienda en los últimos 15 años, impulsadas sin base científica alguna. Si cree el legislador que dificultar el acceso a la propiedad de los que menos tienen y quitándosela a los que ya la tienen es el camino correcto, está muy equivocado; porque, haciéndolo, los hace vez más dependientes de caseros (públicos o privados) y de subsidios, lo que pone aún más en jaque a nuestro cada vez más débil Estado de Derecho y más ineficaz y sobreendeudado nuestro Estado del (Bien)estar. Evidentemente, la Ley ha hecho más caso a movimientos oclocráticos que a la academia y al consenso con comunidades autónomas y actores implicados.
España había conseguido con una política constante hasta 2007 que el 44,8% de su población viva en una casa en propiedad y sin hipoteca, cuando solamente lo hacen el 19% de alemanes y el 4,1% de los suizos. Promover tenencias intermedias alternativas a la propiedad total o al alquiler, como la propiedad compartida y la propiedad temporal vigentes en Cataluña desde 2015 para permitir un acceso universal y distribuido al dominio, en lugar de alimentar artificialmente a los fondos de inversión, debería haber sido una prioridad. Como escribió Chesterton en 1934: “Darle un voto no es darle un poder real, pero sí dejarle tener una familia y casa propia”. La Ley lo hace todo al revés. La que nos espera.
