MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Este lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara la jubilación forzosa de la magistrado por cumplir la edad legalmente establecida este 27 de marzo.
Fuentes jurídicas indican a Europa Press que con la salida de Huerta sigue menguando la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que pasa de 22 a 21 magistrados. Según recoge la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, esta Sala debería estar compuesta por 33: un presidente y 32 magistrados.
LA SECCIÓN A CARGO DE LOS INDULTOS
Huerta formaba parte hasta ahora de la Sección Quinta de lo Contencioso que entre los asuntos que tiene encomendados revisar figura como pendiente el de los recursos contra los indultos que el Gobierno concedió a los líderes del 'procés' condenados por el Supremo.
Dicha Sección está conformada por el expresidente del TS y del CGPJ Carlos Lesmes, que ya ha avisado que se apartará del asunto; la propia Huerta, que se jubila; y los magistrados Wenceslao Olea, Ángel Arozamena y Ángeles Huet. El magistrado Octavio Herrero se jubiló el pasado diciembre. Según las fuentes jurídicas consultadas, hasta ahora no se ha reestructurado la Sección.
Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, junto a la Sala de lo Social, es la que más afectada se ha visto por la ley aprobada en marzo de 2021 que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras este funciones --como está desde diciembre de 2018 ante la incapacidad de los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y elegir a los 20 vocales que les corresponden--.
Además, ambas salas son las que acumulan la mayoría de las reclamaciones realizadas ante el Supremo por los efectos de la pandemia, desde reclamaciones laborales a administrativas. Las fuentes señalan que ello ha provocado un aumento de los casos a resolver justo cuando son menos magistrados, lo que se ha traducido en un atasco importante en ambas sedes.
Con la jubilación de Huerta ya son 21 las vacantes en el Supremo, que sufre bajas en casi todas sus Salas. De momento, la única intacta es la Sala de lo Penal, que sufrirá su primera baja en abril.
La Sala de lo Civil cuenta con 8 de los 10 magistrados que debería de tener. La de lo Social cuenta con 8 de los 13 que le corresponde y en julio sumará una nueva vacante. La de lo Militar tiene 6 de los 8 magistrados que debería tener y en septiembre contará con uno menos.
LETRADOS DE REFUERZO
Ante este escenario, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado febrero solicitar al Ministerio de Justicia --dirigido por Pilar Llop-- que autorizase la creación de 15 nuevas plazas de letrado para dar apoyo a dos de las Salas del Supremo que acumulan un gran número de vacantes.
La Comisión explicó que, en concreto, es necesaria la creación de 8 plazas de letrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de 7 en la Sala de lo Social. La función de esos letrados sería asistir a las Secciones de enjuiciamiento mediante el estudio y documentación de asuntos pendientes, permitiendo así que se dicte un mayor número de sentencias. Según el informe del Gabinete Técnico, sólo entre esas dos salas se dictarán en el año 2023 un total de 1.230 sentencias menos --570 en Contencioso y 660 en Social--.
En esta coyuntura, en el Supremo permanecen a la espera de dos cosas: un acuerdo entre Gobierno y PP para renovar el CGPJ, de modo que pueda recuperarse la dinámica de nombramientos discrecionales; o que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si es constitucional o no la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que desde 2021 impide al órgano de gobierno de los jueces designar cargos en la cúpula judicial.
