UN PLAN AL QUE HAY QUE AFINAR LA LETRA
Sin duda, hay que considerar una buena noticia que el PP haya presentado el denominado Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática porque creo que ningún ciudadano, de izquierdas, de derechas o de centro puede dudar de la necesidad de reforzar, despolitizar y profesionalizar nuestras instituciones, después de episodios tan penosos como los que hemos vivido últimamente y que tienen su raíz última en el reparto por cuotas partidistas de instituciones llamadas a servir de contrapesos al poder o, sencillamente, de instituciones que son de todos los ciudadanos como el CIS. Reparto partidista en el que el PP tiene la misma responsabilidad que el PSOE, por cierto. Dicho eso, parece que su sensibilidad ahora es diferente y esperemos que no sea sólo por estar en la oposición, un lugar desde el que la falta de calidad institucional se suele percibir con más nitidez que cuando se gobierna. En todo caso, bienvenida la vuelta del concepto de regeneración democrática e institucional al debate público.
En cuanto a las medidas presentadas, la primera consideración es que son muy variopintas y algunas excesivamente generales. La estructura del plan es bastante desordenada, atendiendo en muchas ocasiones a polémicas concretas y recientes (sedición, sí es sí, malversación) y no tanto a los problemas estructurales subyacentes. Volvemos a escuchar que hay que mejorar la calidad normativa de las leyes, que hay que ser cuidadosos con la gestión de los recursos públicos, que hay que evaluar las políticas públicas y reforzar la independencia y la profesionalidad de las instituciones, o reformar las administraciones públicas, o convertir al Senado en una verdadera cámara de representación territorial: medidas que ya se han propuesto varias veces en muchos programas electorales (no sólo del PP) sin que se hayan llevado a cabo porque los partidos no tienen demasiados incentivos para acometerlas y, por otra parte, se necesitan plazos más o menos largos y consensos muy transversales para conseguir resultados que, hoy por hoy, no parece que puedan conseguirse.
Otras medidas presentan un mayor nivel de concreción como son las que afectan a la reforma de instituciones clave como la Fiscalía General del Estado (se propone la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico),el CGPJ y el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado -algunas tan llamativamente concretas como las que hablan de la edad de jubilación de sus letrados- pero en principio bastante razonables en la medida en que persiguen la despolitización y la profesionalización, reforzando la meritocracia y las convocatorias abiertas, limitando las puertas giratorias y vetando como candidatos a las personas que hayan ocupado puestos políticos en años anteriores. Lo mismo sucede con organismos reguladores y autoridades independientes. Sin duda, es un avance positivo, aunque habrá que ver cómo se articula para evitar que los partidos sigan haciendo lo de siempre; al fin y al cabo tampoco las normas vigentes buscaban precisamente convertir a las instituciones en un botín a repartir y eso es exactamente lo que ha ocurrido.
En definitiva, si la música puede sonar bien la letra todavía hay que afinarla. En todo caso, tiene el indudable mérito de poner encima de la mesa la necesidad de unas reformas institucionales que nunca debimos olvidar.
