SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
En concreto, se trata de cuatro refuerzos en juzgados de Almería (en Huércal-Overa, Berja y dos contratos en Roquetas de Mar); tres en Cádiz (todos ellos en Algeciras); tres en Córdoba (en la capital, Lucena y Aguilar de la Frontera); tres en Granada (en Almuñécar, Guadix y Huéscar), uno en Huelva (en la capital), uno en Jaén (en Linares), dos en Málaga (en Fuengirola y Marbella) y cuatro en Sevilla (en Sanlúcar la Mayor, Estepa, Lebrija y Lora del Río), según ha detallado en un comunicado.
La Junta ha apuntado que considera "necesario" dar continuidad al mismo personal de refuerzo que venía prestando servicio para cumplir los objetivos del Pacto de Estado. Por ello, y ante la inminente finalización de la vigencia del actual Pacto el 31 de diciembre, al que están sujetos estos contratos, y a la espera de recibir los fondos del nuevo para sufragar esta medida, la Consejería de Justicia ha decidido prorrogar los contratos de estos profesionales desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo con cargo a su propio Presupuesto.
Una medida que ya ha sido trasladada tanto al personal como a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración de Justicia. Los refuerzos en los juzgados de Violencia contra la Mujer es una de las medida que la Consejería de Justicia decidió adoptar tras recibir los fondos del Pacto de Estado, con el objetivo de agilizar la atención que reciben las víctimas en los órganos judiciales, y aliviar de carga de trabajo a aquellos juzgado más saturados.
Igualmente, con cargo a estos fondos el actual Gobierno andaluz ha cuadruplicado el número de salas Gesell en Andalucía, ya que a las siete existentes en 2018 se han sumado 19 nuevas salas hasta alcanzar un total de 26. Una inversión, que unida a la dotación de salas de espera para las víctimas de violencia de género, roza los 800.000 euros.
Este tipo de salas se emplean evitar la doble víctimización de personas vulnerables que hayan sufrido un delito, ya que las declaraciones son grabadas para que solo tengan que prestar su testimonio en una ocasión a lo largo del proceso judicial.
Otras de las medidas puestas en marcha por la Consejería ha sido la ampliación del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), con equipos itinerantes que dan servicio a cada una de las provincias y que se unen a los ya existentes en las capitales andaluzas; y de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), ya que estos suelen ser muy utilizados en casos de violencia de género cuando existe orden de alejamiento para poder cumplir el régimen de visita de los menores con sus progenitores o familiares.
