MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
"Buscamos dotar a nuestro país de un planeamiento urbanístico y territorial que, sin merma alguna de la seguridad jurídica y el interés general que se debe salvaguardar en todo caso, se actualice y responda a las necesidades de planificación de los territorios y del impulso que queremos dar a las políticas de vivienda", ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Tras el visto bueno en primera lectura, se abrirá el trámite de audiencia e información pública, además del proceso de participación de las comunidades y ciudades autónomas, así como de la Administración local, a través de los informes correspondientes.
Lo que se pretende con este anteproyecto es evitar, por un lado, la paralización que durante años se ha producido del planeamiento territorial de numerosos municipios por defectos menores "que son fácilmente subsanables" y se produjera un alto nivel de inseguridad jurídica y se derivara en enormes perjuicios económico. "Por lo tanto, es una norma importante desde el punto de vista de la seguridad jurídica", ha defendido Raquel Sánchez.
Y es que la consideración de estos planes como reglamentos ha ocasionado que cualquier defecto, ya fuera material o puramente formal, tuviera como consecuencia su nulidad de pleno derecho, sin posibilidad alguna de subsanación. Dicha decisión provocaba, a su vez, la nulidad en cascada de todo lo aprobado, ya fueran planes parciales y especiales, reparcelaciones o licencias, lo que ha generado una enorme inseguridad jurídica y enormes perjuicios sociales.
Con este anteproyecto se garantiza la seguridad jurídica, y a la vez se posibilita la subsanación de defecto formales de estas revisiones urbanísticas, trabajadas, en muchos casos, en periodos de hasta 10 años, facilitando a los ayuntamientos afrontar una modificación de un planeamiento al reducirse el riesgo de que se declare nulo por un defecto de forma subsanable.
También debe protegerse la nueva visión de la preservación del medioambiente fruto de los compromisos internacionales, el necesario desarrollo de una política de vivienda y de toda la política económica del país. En todos estos intereses está presente el principio de seguridad jurídica que debe regir procesos muy complicados y también dilatados en el tiempo.
AGILIZAR PROCESOS PARA LA REHABILITACIÓN
La reforma ayuda también a agilizar los procedimientos para que, por ejemplo, las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de construcción de vivienda social en alquiler sigan avanzando para regenerar las ciudades, facilitar el acceso a la vivienda o mejorar los entornos rurales.
Por ello, se introducen modificaciones que conseguirán mayor simplificación burocrática y mejoras en la tramitación de las autorizaciones de obras de rehabilitación que tienen que impulsar las Comunidades y Ciudades Autónomas y los Ayuntamientos. De esta forma se eliminan trabas y cuellos de botella para ayudar a reducir los tiempos de espera para obtener dichas autorizaciones.
