EUROPA DEBE INTERVENIR
La enmienda para modificar la LOPJ y la LOTC y así garantizar el nombramiento de Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional es inconstitucional en la forma y en el fondo. En la forma, porque vulnera la jurisprudencia del propio Tribunal sobre la coherencia material entre las enmiendas y el contenido de una proposición de ley destinada a modificar el Código Penal. En el fondo, porque hace desaparecer la garantía de verificación de la cualificación prevista en la Constitución para ser magistrado -15 años de ejercicio y reconocida competencia profesional- y construye un sistema de designación alternativo que choca frontalmente con la exigencia de renovación por terceras partes previsto en el art. 159.3 CE.
Si me preguntan si hay remedio jurídico a este dislate constitucional les diré que no. La interposición de un recurso de amparo o de un recurso de inconstitucionalidad no impedirá -las medidas cautelares son improbables- que sea un Alto Tribunal renovado y capturado por el Gobierno y su mayoría el que decida sobre los mismos.
En cualquier caso, lo importante en este momento para la democracia española son las narrativas: predomina el relato de que la justicia está secuestrada por la derecha y de que los órganos contramayoritarios deben ser instancias de representación política que reflejen el sentir popular. La primera afirmación admite matices a pesar de la inexplicable actitud del PP con respecto a la obligada renovación del CGPJ; la segunda es un dislate que pone en cuestión el canon del Estado de derecho continental desde 1950.
La moción de censura de 2018 ha roto el país y ha quebrado nuestro frágil consenso constitucional. Ya no somos capaces de resolver los problemas políticos más elementales. La Unión Europea ha creado un marco de Estado de derecho para vigilar la erosión institucional de sus Estados. Lo hizo mirando a Polonia y a Hungría, al PiS y a Orbán, pero debe usarlo preventivamente en aquellos países donde la degradación jurídica y organizacional supone un peligro para la democracia y los derechos. Es importante reconocer que hemos fracasado como país y necesitamos ayuda externa para reconducir un Estado constitucional que va a la deriva: la pelota está en el tejado de la Comisión.
