MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
En un auto de este mismo jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, estima el recurso presentado por la acusación particular que ejerce Marimar Blanco, corrigiendo así una providencia del pasado 23 de noviembre donde se decía que se tenía por presentada la impugnación de 'Iñaki de Rentería'.
Así, el juez acuerda "la reforma de la providencia de fecha 23 de noviembre de 2022 en el sentido de inadmitir el recurso de apelación interpuesto" por el antiguo integrante del comité ejecutivo de ETA o zuba.
Marimar Blanco advirtió, en un recurso firmado por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, de que la impugnación de Gracia Arregui ante la Sala de lo Penal de la AN no podía tenerse por presentada en "tiempo y forma" --como rezaba la providencia ahora enmendada-- porque había incurrido en un error de forma grave que a estas alturas ya es insubsanable.
Según indicaba, este error consistía en que la defensa de 'Iñaki de Rentería' no cumplió con el "claro deber legal" de dar traslado previo de su recurso de apelación a la procuradora de Marimar Blanco, Elena Llarena, tal y como establece el artículo 276 de la LEC.
El abogado explicaba, citando numerosa jurisprudencia del Supremo y del Constitucional, que se trata de un defecto insubsanable por cuanto el 18 de noviembre expiró el plazo para recurrir la decisión de García Castellón de imputar al ex jefe de ETA y el día 29 venció el legalmente fijado para poder enmendar este fallo procesal.
Así las cosas, sostenía que el recurso de apelación de 'Iñaki de Rentería' debía obviarse y, en consecuencia, considerar firme el auto del 10 de noviembre por el que quedó investigado.
No obstante, al mismo tiempo el instructor ha admitido este jueves el recurso de reforma del dirigente etarra contra la decisión que el propio García Castellón tomó en dicho auto de reabrir la causa para Gracia Arregui.
TRAS LA CÚPULA ETARRA
García Castellón reabrió la investigación sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco el pasado mes de marzo tras admitir una querella de Dignidad y Justicia --firmada también por Rodríguez Arias-- que busca condenar a quienes formaban la zuba cuando se cometió el crimen.
En julio, citó como imputados a los también ex jefes de ETA José Javier Arizcuren 'Kantauri'; Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; y María Soledad Iparraguirre 'Anboto'; y apreció de oficio que los presuntos delitos habían prescrito para 'Iñaki de Rentería'.
El archivo de la causa para Gracia Arregui fue recurrido por Fiscalía, PP y Dignidad y Justicia, y García Castellón, en su auto del 10 de noviembre, estimó los dos primeros recursos, y parcialmente el tercero, reabriendo las pesquisas para 'Iñaki de Rentería'.
El magistrado acogió la tesis del Ministerio Público porque cree que aún no es el momento procesal oportuno para determinar si los presuntos delitos han prescrito, apuntando incluso al juicio oral, aunque al mismo tiempo señaló que, en su opinión, no lo están.
'Mikel Antza', 'Anboto' y 'Kantauri' ya han declarado ante García Castellón, aunque los tres se acogieron a su derecho a guardar silencio, los dos últimos aduciendo que Francia no ha autorizado su entrega por estos hechos.
Por encargo del instructor, la Guardia Civil ya ha emitido un informe en el que responsabiliza a los ex jefes de ETA de la muerte del joven concejal porque considera que una orden suya podría haberlo evitado.
Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui, 'Amaia', como autores materiales.
En su sentencia, el tribunal aseguraba que ambos "planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguiendo las directrices de la cúpula de la organización terrorista ETA, que tenía entre sus objetivos más inmediatos el secuestro de un concejal del PP para exigir a cambio de su liberación el acercamiento de los presos de la banda a cárceles del País Vasco".
