Rodríguez ha cifrado en 2.233,82M€ los recursos destinados a política de Justicia para 2023, 160M€ más que el ejercicio anterior (un 7,8%), sin tener en cuenta la aportación extraordinaria de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El SEJ ha señalado que son unos presupuestos que “harán de la Justicia un verdadero servicio público: ágil, moderno, próximo, transparente, eficaz y eficiente”.
Dentro de este importe, la participación del Ministerio de Justicia, incluido el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), es de 2.155,48M€, a lo que se suma la aportación del Consejo General del Poder Judicial, con 78,34M€.
Según ha explicado Rodríguez, la transformación de la política de Justicia se lleva a cabo a través del plan Justicia 2030, “un proyecto colectivo que estamos desarrollando desde el Ministerio a través del diálogo con todas las comunidades autónomas, tal y como se ha podido comprobar en la Conferencia Sectorial celebrada en Pamplona el viernes pasado”.
El primer objetivo de este plan es hacer accesible la Justicia a la ciudadanía, ha señalado. Por ello, se han emprendido proyectos para mejorar la asistencia jurídica gratuita y las oficinas de víctimas; o se han abordado otros aspectos como la claridad del lenguaje, “para que podamos entender la Justicia de manera sencilla”, ha señalado.
Asimismo, el SEJ ha puesto en valor la figura de las Oficinas de Justicia en los municipios (OJM), “que reforzarán la accesibilidad de la ciudadanía, con un punto de acceso físico en cada pueblo, sin importar lo pequeño que sea”.
El plan busca también la facilidad para las personas que prestan diariamente el servicio público de Justicia: “Estamos impulsando la adquisición de nuevas competencias por parte de los profesionales del sector, y evolucionando y adaptando los perfiles profesionales a las reformas y a la transformación digital”.
En este sentido, también ha destacado la mejora de la formación a través del CEJ y se ha referido al programa de becas para la preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal, al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogacía del Estado.
Eficiencia y sostenibilidad
El segundo objetivo del plan Justicia 2030 es la eficiencia y, para ello, contempla tres elementos fundamentales que son las leyes de eficiencia organizativa, digital y procesal.
Por último, se ha referido al objetivo de la sostenibilidad, no solo medioambiental, también económica y social. En definitiva, ha zanjado Rodríguez, “este plan es la expresión para la Justicia del proyecto país que el Gobierno está impulsando: interrelacionado, plural, igualitario, cohesionado y solidario”.
Partidas presupuestarias
El presupuesto del Ministerio de Justicia y sus órganos y entidades adscritas es de 2.471,12M€. Dentro de este, el SEJ ha desgranado algunas de las principales partidas. Así, ha destacado los 1.785,7M€ que se destinan a gastos de personal dentro del presupuesto del Ministerio, un 77,5% del total.
Este presupuesto incorpora, “con tendencia ascendente”, la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, la creación de 54 unidades de mediación, la creación de 27 Unidades Administrativas de Asistencia a las Víctimas, la creación de 70 nuevas Unidades Judiciales o la ampliación en 70 nuevas plazas la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.
Por último, Rodríguez ha destacado el mantenimiento de la dotación destinada a financiar la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a las víctimas prestada por los psicólogos que se integran en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
