¡YA SOMOS DEMOCRACIA! COMO UK
Recordemos cómo se gritaba, diciendo que España no era una democracia, a diferencia de Gran Bretaña, porque esta permitía un referéndum (respecto a Escocia) y aquella no (respecto a Cataluña).
Pues bien, la noticia de estos días es que el Tribunal Supremo británico dice que Escocia no puede celebrar un referéndum de independencia unilateral.
Y, por cierto, si se permitió en 2014 el referendum de la independencia de Escocia en UK fue porque las encuestas decían -durante 2013- que solo un 30 por ciento (o menos) estaba a favor, mientras que un 70 por ciento estaba en contra. Si se descuidan, sale al final el sí (finalmente el “no” a la independencia se impuso con el 55,3 % de los votos, frente al 44,7 % de los partidarios por la secesión).
Es ahora, cuando los sondeos ya no están para nada tan claros, cuando el Reino Unido entonces dice “no” al referendum unilateral por parte de Escocia.
Qué bien, por fin, somos, pues, una democracia como Reino Unido. La Corte más alta de UK, el Tribunal Supremo, ha dictaminado por unanimidad que el Parlamento escocés no es competente para legislar sobre un nuevo referéndum de independencia sin el consentimiento del Gobierno de Londres. La Corte ha concluido que el proyecto de ley de referéndum propuesto por el Gobierno escocés está relacionado con un asunto reservado al Parlamento británico, como la Unión entre Escocia e Inglaterra, y está fuera de la competencia legislativa del Parlamento escocés.
Por cierto, respuesta en Twitter de la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon: “Aunque estoy decepcionada, RESPETO la decisión del Tribunal Supremo”, ni siquiera un hecho poderoso como el Brexit cambia las cosas.
La verdad es que la democracia en España tiene el mismo arraigo que el de cualquier otro país de nuestro entorno. Decir lo contrario es interesado y falso. España, Francia o el Reino Unido han vivido historias comunes o paralelas. España tiene las primeras Cortes del mundo (en 1188 en León y en Carrión de los Condes), la primera Constitución (en 1520, llamada Ley Perpetua de Ávila, donde se proclamaban garantías que hoy son genuinamente democráticas) y una Constitución como la de Cádiz de 1812 que tuvo una aplicación territorial que ya hubieran querido los textos similares -de la época- de Francia o EE.UU., etc. La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de 1789 no tuvo continuidad alguna, ya que el siglo XIX francés fue tan convulso como el español (con continuadas luchas entre monárquicos, republicanos y militaristas). Solo se recupera su valor jurídico tras la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, propongo que el Tribunal Constitucional español cite la Constitución de Cádiz con el mismo sentido que en Francia el Tribunal equivalente cita la referida Declaración de 1789.
Es más, lo que echamos en falta, hablando de democracia, es un partido político que represente a los hispanos en EE.UU., para que estos tengan voz y representación propias en el Parlamento estadounidense, que sería lo democrático. Estos son los debates en los que deberíamos estar.
Con todo, la comparación más acertada en España es con Alemania, Francia e Italia: estos tres Estados son suma de territorios diversos con tradiciones, identidades y lenguas diversas. Sin embargo, en ninguno de ellos se impone a los niños la enseñanza en las escuelas en lengua del Land o de la Región o Departamento. No es así ni en Baviera, ni en Normandía, ni en Piamonte, ni (por cierto) en la Cataluña francesa, ni en el País Vasco francés.
Es un dato o un hecho, guste o no, que la situación española es absolutamente anómala en un contexto jurídico-europeo, tal como explico con detalle en mi libro “La Comunidad hispánica y su lengua” (editorial Aranzadi, enero 2022) y en mi próxima obra “El arraigo de la democracia española”, editorial Dykinson, diciembre 2022).
