REPARTO POR CUOTAS DEL TC
Disculpe el lector que vuelva de nuevo sobre la improcedencia del reparto por cuotas de los miembros de los órganos constitucionales, objeto de mi artículo La inconstitucionalidad de las cuotas, a propósito de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, publicado en este periódico el día 4 del pasado mes de octubre. Ahora trataré de ese asunto en relación con la propuesta de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde efectuar a ese Consejo.
Es cierto que, como dije en aquel artículo, habría sido preferible, incluso procedente, que primero se hubiera producido la renovación del Consejo (cuyo retraso ha sobrepasado ya los cuatro años) y después el nuevo Consejo realizase la propuesta de dos magistrados constitucionales. No ha sido así, lamentablemente, pues dicha renovación sigue sin resolverse, quizás porque la lealtad constitucional que a los negociadores políticos ha de exigirse está ausente en los momentos actuales, en los que vemos, con asombro y tristeza, cómo nuestro Estado de derecho se está desmantelando.
Ante el fracaso de dicha renovación, y en vista de que también está retrasada (aunque por mucho menos tiempo, cinco meses) la renovación parcial del Tribunal Constitucional, parece que el actual Consejo, incompleto y en prórroga, va a efectuar la propuesta de los dos magistrados constitucionales, requisito indispensable para que el Gobierno también haga lo propio respecto de los otros dos magistrados que ha de proponer. Porque, en mi opinión, la renovación parcial del Tribunal Constitucional ha de serlo por tercios, y no por sextos, de manera que no cabe fracturar el tercio para que accedan al Tribunal, en tiempos distintos, los dos magistrados de propuesta del Gobierno y los dos de propuesta del Consejo.
La Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional son claras en tal sentido y hay suficientes razones jurídicas que avalan lo que acabo de decir. Sin embargo, no voy a detenerme en ellas, ya que el objetivo inmediato del presente artículo es el de denunciar la pretensión, sostenida por un sector del Consejo, de que siga el reparto por cuotas en la propuesta de los dos magistrados constitucionales que a ese órgano le corresponde realizar.
Según noticias de prensa, la negociación en el seno del Consejo está estancada porque “los vocales conservadores” del Consejo “exigen un cambio de metodología”, con los consecuentes vetos mutuos, para que los dos que se “nombren” sean aceptables por todos los vocales que reúnen la mayoría de 3/5 necesaria para la designación. Mientras que los vocales “progresistas” se niegan a ello, exigiendo que los “conservadores” acepten, sin vetarlo, el candidato que ellos han propuesto, y conminándolos a proponer libremente al otro que falta, garantizándoles, de antemano, que también tendría su aceptación.
Está claro, pues, que al menos un grupo del Consejo no quiere renunciar al libre reparto por cuotas políticas, aunque esa politicidad se camufle bajo los términos de “conservadores” y “progresistas”. Pero, aunque con algún esfuerzo y candidez, se entendiese que, pese a las apariencias, tal distinción no fuera política, sino jurídica (diversos modos de interpretar y aplicar el Derecho), lo cierto es que de todas formas se vulneraría el deber de que sea el Consejo como órgano (por mayoría al menos de 3/5), y no las partes del mismo, el que haya de seleccionar a los dos magistrados constitucionales en atención exclusiva a su solvencia jurídica, así como a su independencia y probada objetividad. Por ello, la aceptación de que los dos propuestos han de reunir esas condiciones ha de estar avalada, no separadamente por cada uno de los grupos del Consejo que negocian, sino conjuntamente por todos y cada uno de los vocales que los van a apoyar con su voto. De ahí que los vetos mutuos en la negociación supongan un requisito indispensable para conseguir ese objetivo.
El reparto por cuotas es nefasto, e inconstitucional si se interpreta bien la STC 108/198, que ha sentado una doctrina que es aplicable, sin duda, a la designación de magistrados constitucionales. Como se dijo en aquella sentencia, la lógica del reparto por cuotas políticas no puede proyectarse en el ámbito de la justicia. Máxime, podría añadirse, cuanto se trata del Tribunal Constitucional, que ejerce el más delicado y más fuerte poder jurisdiccional del Estado: el de controlar al mismo legislador. Que este poder, que es la cúspide de nuestro Estado de derecho, sea realmente, y aparentemente, independiente resulta absolutamente necesario para la salvaguardia de la Constitución.
En tal sentido, cualquier intento de politizarlo, o de menoscabar su imparcialidad, afectaría muy gravemente a la legitimidad institucional del Tribunal, a la realización eficaz de su importante e imprescindible función de control y, de manera más general, al mantenimiento del sistema constitucional en su conjunto.
Para evitar que ello suceda, la designación por el Consejo de los dos magistrados del Tribunal no puede realizarse, como se dice coloquialmente, mediante un “reparto de cromos”, ya que entonces, como antes se advirtió, esos dos magistrados no provendrían del consenso, sino, cada uno, de la voluntad parcial del grupo que lo ha impuesto. Lo que significa que, en lugar de garantizarse que la propuesta de los dos magistrados obedezca a la voluntad conjunta de todos los vocales del Consejo que conformen, como mínimo, la mayoría de 3/5 necesaria, serían en realidad los grupos que negocian los que deciden, cada uno, de forma separada, libre y definitiva, el nombre del uno y del otro magistrado. La ilicitud de una fórmula así no puede ser más evidente. Como también es evidente que ni la Constitución ni el Tribunal se respetan si esa fórmula se mantiene.
Por ello, renunciar al sistema del reparto por cuotas, que lamentablemente ha venido utilizando el Consejo en el pasado para dicha designación, y atenerse al sistema obligado del “consenso constitucional”, es lo que ha de exigirse, desde ahora mismo y para el futuro, a todos los vocales de ese Consejo, sin excepción alguna.
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