MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
En una sentencia del pasado 3 de noviembre, recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado el derecho de un ciudadano marroquí que sufre esta enfermedad a la nacionalidad española al haber quedado acreditada su buena conducta cívica después de estudiar todas sus circunstancias personales.
El ciudadano presentó un recurso de casación después de que el director General de los Registros y del Notariado denegase su solicitud de nacionalidad fundamentando su decisión en que el interesado no había justificado el requisito de buena conducta cívica, dado que le constaban cuatro detenciones, la última en 2013, cuando se tramitaba su solicitud de nacionalidad.
La Audiencia Nacional confirmó en un fallo la decisión administrativa y concluyó que ni era competencia suya ni era objeto del litigio hacer un juicio de imputabilidad de conductas, por lo que resultaba inviable la concesión de la nacionalidad española al no poderse apreciar la buena conducta cívica.
Con todo, el Tribunal Supremo considera que en este caso sí está acreditado el buen comportamiento del solicitante. El alto tribunal argumenta que las tres primeras detenciones se produjeron en 1998, 1999 y 2006, en fechas muy anteriores al momento de la solicitud, que fue presentada en 2012.
Además, explican que en relación a la última detención, ocurrida en 2013, poco después de dicha presentación, la sentencia de la Audiencia Nacional destacó la falta de constancia del motivo de la intervención policial y del resultado de ésta.
DESCARTAN UN "COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL"
El fallo, ponencia del magistrado Fernando Román, explica que "no consta en las actuaciones cuál fue el recorrido de ninguna de las mencionadas diligencias policiales". "Pero, lo que sí constaba en el expediente -pese a lo argumentado en las dos resoluciones administrativas- porque así lo reflejó la magistrada encargada del Registro Civil de Leganés, era que el solicitante carecía de antecedentes penales, hecho que fue corroborado después en sede judicial mediante el certificado aportado junto a la demanda", aduce.
La sentencia señala que "esto, al no figurar en las actuaciones ninguna otra información acerca de las circunstancias que rodearon las detenciones indicadas", les "lleva a concluir que, en este caso, de la mera cita de la existencia de aquellas diligencias policiales no puede deducirse la concurrencia de un comportamiento antisocial del recurrente".
"Por tanto, la única objeción esgrimida por la Administración en sus resoluciones para rechazar el cumplimiento de buena conducta cívica queda así descartada", concluyen los magistrados del Supremo.
Así las cosas, el fallo señala que en cuanto al resto de circunstancias concurrentes, está acreditado que el recurrente, nacido en Marruecos en 1972, es una persona que reside legalmente en España desde 1991, hace más de treinta años, que tiene arraigo en el país y que padece una enfermedad mental diagnosticada en 1995, cuya existencia ha sido determinante para que le sea reconocida una pensión por sentencia judicial firme.
ESTABILIZADO E INTEGRADO EN LA SOCIEDAD
El ciudadano, además, vive en una residencia de la Seguridad Social para enfermos, está en tratamiento psiquiátrico en Leganés desde 1995 e incluido en el Programa de Continuidad de Cuidados. El mismo se encuentra estabilizado y tiene conciencia de su enfermedad, conoce su diagnóstico y tiene la capacidad de reconocer y expresar momentos de descompensación, así como los factores de riesgo y desencadenantes, destaca el TS.
El Supremo recuerda que también está acreditado que presenta buena adherencia al tratamiento ambulatorio y asiste con regularidad a las citas, con buena vinculación a su psiquiatra de referencia y tutora del Programa de Continuidad de Cuidados.
"De estas circunstancias cabe colegir que estamos ante una persona que está integrada socialmente en España desde hace muchos años y que --a tenor del informe aportado-- responde positivamente al tratamiento al que está sometido por su enfermedad mental, manteniendo una actitud colaboradora con el personal médico para el control de dicha enfermedad", añade la Sala.
Por otro lado, el tribunal señala que tanto la magistrada encargada del Registro Civil de Leganés, como el trabajador social, y la educadora social de la residencia en la que vive el interesado, y el fiscal del caso "se han manifestado en términos favorables a la solicitud del interesado, poniendo de manifiesto la buena conducta de éste, su acomodación al estilo y modo de vida de los españoles" y "su aceptable grado de adaptación a la cultura e historia" de España.
El ciudadano, apunta el Supremo, ha demostrado "hallarse plenamente arraigado y conocer y aceptar la idiosincrasia española, dominando el idioma y hallándose identificado con el ambiente social en el que se desenvuelve". "La conclusión no puede ser otra que la de entender que en este caso el cumplimiento del requisito de la buena conducta ha quedado suficientemente acreditado", afirma el fallo.
VOTO DISCREPANTE
La sentencia incluye un voto discrepante de la magistrada Inés Huerta, que defiende que el recurso de casación tendría que haberse desestimado. Y es que, a su juicio, el recurrente padece "una esquizofrenia paranoide crónica, enfermedad mental incurable, muy grave, de difícil manejo farmacológico, lo que exige un férreo control en la administración de los medicamentos a fin de evitar su desestabilización".
Todo ello, añade la jueza, "sin que, incluso, en estos supuestos, quede excluida la posibilidad de un brote psicótico, que muy frecuentemente --no siempre-- se manifiesta con actuaciones agresivas --como aquí ha acaecido--, en la medida que el delirio se focaliza en el prójimo".
