SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El año pasado la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, encargada de gestionar el Sistema de Justicia Juvenil, facilitó la ejecución de 234 medidas judiciales de este tipo en sus 17 grupos educativos de convivencia que tiene en Andalucía. El perfil habitual es el del menor con problemas graves en la convivencia familiar y dificultades para la aceptación de normas, que entran en una escalada de agresividad difícil de gestionar en el núcleo familiar, lo que supone el 95 por ciento de los casos.
De estas medidas, según una nota de prensa, 101 se encontraban en ejecución al comenzar el año y 133 se iniciaron a lo largo del mismo e implican aproximadamente el cuatro por ciento del total de medidas no privativas de libertad que se cumplen en Andalucía, según los datos aportados por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en comisión parlamentaria. Asimismo, 144 medidas (el 62% de ellas) fueron impuestas a menores de sexo masculino y 90 (30%) a chicas menores. En cuanto a la edad, el 44 por ciento tenía 14 o 15 años, el 48 por ciento tenía 16 o 17 y solo el nueve por ciento era mayor de edad en ese período.
En palabras del consejero, "el objetivo no es otro que trabajar con el propio menor y con sus familiares para encontrar las causas que han dado lugar a los comportamientos inadecuados y a los hechos delictivos cometidos; y evitar que vuelvan a producirse, garantizando que tras el cumplimiento de la medida el menor regrese a su entorno familiar garantizando una convivencia normalizada", ha explicado.
El asesoramiento, apoyo e intervención no solo se hace con el menor infractor, sino también con la familia, potenciando su implicación en todo el proceso de ejecución de la medida judicial. Así, se consiguen promover los cambios que permiten mejorar las relaciones intrafamiliares, dotando a los progenitores de herramientas para afrontar las situaciones conflictivas.
Para dar respuesta a la demanda de medidas de esta naturaleza en proximidad al entorno social y familiar de los menores, tal como requiere la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menor, todas las provincias andaluzas disponen de dos grupos educativos de convivencia, uno para chicos y otros para chicas (excepto Málaga que tiene tres grupos, dos de ellos para chicos). Cada uno de ellos cuenta con ocho plazas.
Los inmuebles en los que conviven estos menores son viviendas unifamiliares independientes, ubicadas dentro de núcleos de población, en barrios bien conectados con centros educativos y con los servicios públicos en general, ya que los menores se encuentran matriculados en centros escolares del entorno.
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PERSONALIZADO
De hecho, asisten a clase o a sus lugares de trabajo, hacen deporte, talleres o excursiones, siempre en función de su comportamiento y del logro de objetivos marcados en su programa personalizado e individualizado de ejecución de medida. Además, pueden ir a sus domicilios los fines de semana si es recomendable y si su comportamiento ha sido el adecuado.
Las viviendas, además de las habitaciones, cuentan con el equipamiento imprescindible para la realización de las tareas educativas, cocina, baños, sala de estar compartida, destinada a comedor; dependencias para estancia nocturna del personal; salas para actividades lúdicas y formativas; y otros espacios destinados al uso del equipo de profesionales y habilitados para entrevistas.
El grupo educativo no sólo proporciona las atenciones de alojamiento de los menores, sino también de alimentación, vestuario, sanitarias, educativas, sociales, de aprendizaje y psicopedagógicas necesarias para facilitar al menor infractor un contexto socializador para el aprendizaje de normas y pautas de convivencia, dirigido al retorno a su núcleo familiar y social.
Cada persona menor infractora tiene asignado un profesional del grupo educativo, que se responsabiliza del seguimiento de la medida judicial impuesta, y es su referente principal y la persona encargada de potenciar sus recursos personales para desenvolverse en la sociedad, así como de conseguir que asuma la responsabilidad penal atendiendo al delito cometido.
Estas actividades están diseñadas para fomentar la responsabilidad por los hechos cometidos, las habilidades sociales y de comunicación, así como el aprendizaje de técnicas de resolución de conflictos.
También se desarrollan programas de carácter específico, organizados para atender necesidades especiales según el tipo de delito cometido.
Algunos de ellos son programa de intervención en violencia contra los progenitores, de intervención bullying y ciberbullying, programa para educación sexual, o de seguridad vial, entre otros.
La gestión de estos centros y servicios se lleva a cabo mediante entidades especializadas en la atención y la intervención con menores en conflicto social, que prestan servicios de conformidad con la normativa de contratación administrativa. "Tengo que agradecer a todas las entidades y profesionales que trabajan en los recursos de medio abierto y en especial en los grupos educativos, porque hacen una inmensa labor con los menores, ya que éstos encuentran en esas viviendas un hogar en el que comienzan una vida normalizada y que les permite recapacitar sobre los hechos que cometieron y puedan retomar sus vidas", ha indicado el consejero de Justicia.
