MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Según Llop, el "único escollo" para continuar la tramitación parlamentaria de esta ley, que es "muy compleja", es que "está pendiente" desde hace "más de un año y medio" del informe del CGPJ.
"Es fundamental que abordemos de una vez por todas este nuevo modelo de proceder en los procesos penales de nuestro país", ha destacado hoy Llop en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum y en presencia del presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo.
Llop ha indicado que la nueva normativa pondrá a España al nivel de otros países de Europa, al modernizar la investigación criminal y garantizar el "reconocimiento" de los derechos de las víctimas.
"A medida que una sociedad se va sofisticando, se sofistican también sus valores. Por eso, las víctimas tienen un rol fundamental y ese cambio de modelo de la fase de investigación que será asumida por la Fiscalía va a solucionar muchas de las distorsiones que se producen en España respecto al funcionamiento de la Fiscalía Europea", ha descrito la ministra, encuadrando esta iniciativa entre las posibles soluciones para que la Justicia sea más eficiente.
FISCAL INSTRUCTOR
En febrero de este año, fuentes del Ministerio de Justicia señalaron a Europa Press que el informe del órgano de gobierno de los jueces a esta reforma es importante para que el proyecto avance.
Las mismas fuentes indicaron que son conscientes de que es un tema "sensible" con el que no se pueden dar pasos en falso. Desde el CGPJ apuntaron que habían empezado a trabajar en ello cuando el anterior ministro, Juan Carlos Campo, les remitió el borrador y que, ante la insistencia de Justicia, habían reactivado los trabajos.
La gran novedad que plantea el borrador de la LECrim es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor y serán los fiscales quienes dirijan la investigación cuando la reforma entre en vigor. Eso sí, con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.
Justicia creó un Grupo de Trabajo Interinstitucional para revisar el anteproyecto de la LECrim, una decisión que se adoptó después de que se conociera el informe de la Fiscalía, en el que se apuntaba que no se ajustaba del todo a las necesidades del Ministerio Fiscal.
Este grupo está formado por el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, el Consejo de la Abogacía, expertos universitarios y el Consejo General de Procuradores.
