En su edición de 4 de septiembre de 2022, Diario de Mallorca publica en portada el siguiente titular: “Dos días con un cerdo muerto en la puerta de casa”. La noticia se construye con un sesgo sensacionalista: un cerdo de dos cientos kilos se escapa de una finca y resulta arrollado por un vehículo, que sufre un aparatoso accidente; por fortuna, la conductora resulta ilesa. La grúa retira el coche, pero el animal, muerto, queda abandonado en la puerta de una vivienda. Su propietario sufre durante dos días un desesperante peregrinaje administrativo (ayuntamiento, policía local, carreteras, agricultura, Guardia Civil, Seprona), mientras el cuerpo del animal -por las altas temperaturas estivales- entra en estado de putrefacción y se llena de moscas y alimañas. Al tercer día y ante la inactividad de cualquier Administración con la excusa de su competencia, el vecino y el dueño del cerdo se lo llevan con una grúa.
Detrás de este morboso suceso se esconde un drama, y es que el ciudadano en muchas ocasiones no encuentra en la Administración solución a sus problemas.
Vivimos en el contexto de una Administración sobre dimensionada (la relativización de la personalidad jurídica es altamente responsable de la proliferación de organismos públicos), que hace gala de una hiperactividad: crecen exponencialmente los sectores objeto de regulación, sin que nadie se plantee un control legal en términos de proporcionalidad y de libertad; se subvencionan las actividades más variopintas y peregrinas con el pretexto de la discrecionalidad, olvidando que también esta última es susceptible de control; y se prestan servicios cuya funcionalidad y utilidad vuelve a ser cuestionable.
El ciudadano padece una presión fiscal impenitente y trata de sobrevivir en medio de un laberinto burocrático que se presenta como imposible. Por contraste, cuando tiene un problema como el comentado, lo único que espera de la Administración es una respuesta y una solución en el tiempo exigido.
Algo estamos haciendo mal en la Administración, que provoca escepticismo en el ciudadano y le genera un preocupante desapego. Es creciente el número de ciudadanos que sencillamente no creen en la Administración; no es que se muestren críticos con su actuación y el consumo de recursos presupuestarios, sino que tratan de evitar cualquier relación con los poderes públicos. Les identifican como fuente de conflictos y no confían en que puedan dar solución a sus problemas.
Es frecuente comprobar en los medios la cantidad de conductores al volante que carecen de carné de conducir; por no hablar de las obras sin licencia, la caza y pesca furtivas... Curiosamente y esto es muy llamativo, muchos empresarios no solicitaron ayudas por la crisis de la Covid durante la pandemia -decían- “para no meter a la Administración en mi casa”.
La confianza del ciudadano en la Administración no es un asunto jurídico, que deba abordarse con un régimen sancionador ejemplar; al contrario, consiste en una cuestión cultural, de tipo sociológico; y sólo se puede restaurar con una profunda reorganización administrativa en torno al principio de eficacia, y una ejemplaridad en el funcionamiento de los poderes públicos.
La medida exige una primera labor de diagnóstico certero de la situación que vivimos, para a continuación aplicar medidas de reducción notable de las funciones que lleva a cabo la Administración y una ejemplaridad en el destino del gasto público.
Se trata de una medida a largo plazo, y por ello urge su planificación y el inicio de su ejecución. Con unas competencias más perfiladas de las distintas Administraciones y unos tiempos de espera razonables, posiblemente un vecino no tenga que retirar un animal putrefacto de la entrada de su vivienda a los tres días.
