En su intervención, el SEJ ha puesto en valor el trabajo de la galardonada y ha señalado que, desde su posición, “ha contribuido con dedicación y esfuerzo al desarrollo del derecho y del servicio público de Justicia”.
La Orden de San Raimundo de Peñafort tiene como objeto premiar méritos relevantes contraídos por quienes intervienen en la Administración de Justicia, el cultivo y aplicación del estudio del derecho en todas sus ramas y los servicios prestados en actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia.
Por otro lado, Tontxu Rodríguez ha clausurado, también en San Sebastián, el curso de verano Persona, Empresa y Tecnología, organizado por el Consejo General del Notariado en colaboración con la Universidad del País Vasco.
En su intervención, el SEJ ha reconocido el papel pionero del notariado español en su apuesta por la innovación tecnológica, con hitos como la constitución de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), la implantación de la firma electrónica reconocida (FEREN) y de la Red Privada Notarial (RENO), así como el impulso a proyectos como Red Iber@, Iberfides o EUDoc con el objetivo de fomentar la circulación de documentos judiciales, fiscales y policiales en países iberoamericanos y europeos.
El SEJ se ha referido también a los proyectos que está llevando a cabo el Ministerio que lidera Pilar Llop, cuyo objetivo es lograr la transformación digital del servicio público de Justicia en consonancia con el proceso de modernización en el que está inmerso el sector.
Rodríguez ha abordado también las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la participación plena en todos los ámbitos de la vida, incluido su contacto con la Justicia. El SEJ ha manifestado al respecto que, desde el Ministerio de Justicia “estamos trabajando en la accesibilidad universal en los edificios judiciales”, algo que considera “absolutamente clave en materia de derechos de las personas con discapacidad”.
Igualmente, el secretario de Estado se ha referido a las personas de mayor edad y sus dificultades en el acceso y uso de las tecnologías: “La acción pública debe ser capaz de dar respuesta a esas situaciones, que se acrecientan en las zonas rurales, para que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio”.
Finalmente, Rodríguez ha recordado la apuesta del Ministerio de Justicia por ofrecer un servicio público basado en tres pilares: accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad. Para ello cuenta con tres leyes esenciales: la Ley de Eficiencia Organizativa, la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Digital-, “que esperamos que vean la luz en poco tiempo y que están interrelacionadas entre sí”.
