MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha admitido a trámite el recurso presentado por diputados del grupo parlamentario del PP contra la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, que reforma leyes anteriores de 2007 y 2015.
La ley catalana, impulsada por ERC, Junts, la CUP y los Comuns, recoge la obligación de ofrecer alternativas habitacionales a familias vulnerables antes de llevar el caso a la vía judicial, previendo la expropiación de viviendas o edificios de viviendas que "estén desocupados de forma permanente e injustificada" durante más de dos años.
Además, la ley regula las competencias para requerir a los grandes tenedores que adopten las medidas para "ocupar legal y efectivamente una o varias viviendas para que constituyan la residencia de personas", si están vacías, y en caso de incumplimiento se establece una multa coercitiva de 1.000 euros por cada vivienda por mes mientras permanezcan desocupadas.
La propia norma define a los grandes tenedores de vivienda como las personas jurídicas que, por sí solas o a través de un grupo de empresas, sean titulares de más de 10 viviendas "ubicadas en territorio del Estado". Fija como excepciones las que tengan más de un 15% de la superficie habitable de la propiedad calificada como viviendas de protección oficial destinadas a alquiler y las entidades privadas sin ánimo de lucro que den vivienda a personas y familias vulnerables.
Asimismo, la legislación catalana establece la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social cuando llegan al final del plazo fijado si las personas o unidades familiares afectadas todavía siguen cumpliendo los requisitos de exclusión residencial.
