MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, la Fiscalía de la Audiencia atribuye a cinco miembros de la cúpula el delito continuado contra la Seguridad Social y solicita 6 años de cárcel para AJG, VC, LS, JMG y JG. Por su parte, para JLG y DB reduce la petición a 3 años, pues no los considera autores en sí, sino cooperadores necesarios.
Y aparte de las condenas a cárcel, el Ministerio Fiscal reclama multas: para G y C, administradores originales de iDental, interesa 46 millones de euros por cabeza; para S y los hermanos G, sucesores al frente de la empresa, solicita 90 millones, mientras que para G pide 41 millones, siendo la más baja, a notable distancia, la que afecta a Bejarano, de 3 millones.
La Fiscalía llega a la conclusión de que los responsables de iDental han causado un perjuicio millonario al erario público desde la gestión de G y C. El juicio está previsto que se prolongue el miércoles y el jueves y se retome el 4 y 5 de julio.
Fue en abril de 2021 cuando el juez José de la Mata, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco, acordó que abría juicio oral contra la cúpula de la compañía dental, en línea con la solicitado tanto por la Fiscalía como por la acusación que también ejerce en esta causa la Tesorería de la Seguridad Social.
ENTRAMADO EMPRESARIAL OPACO
En su auto, el juez explicaba que desde 2014 iDental había basado su modelo de negocio "en un gran entramado societario opaco, con organigramas empresariales complejos" y colaborando en "unos casos" con testaferros "para prestar la actividad médico dental mediante la apertura de clínicas y talleres en toda España y en el extranjero".
Dicho entramado empresarial, según el juez, contaba con dos tipos de sociedades: las mercantiles titulares de las clínicas y talleres donde se desarrolla la actividad profesional, y las sociedades interpuestas o pantalla y sus testaferros para "defraudar".
Según De la Mata, el funcionamiento de las clínicas consistía en ofertar tratamientos odontológicos a un sector de la población con ingresos medios-bajos, bajo compromiso de descuentos y facilitando su financiación a través de entidades diversas. De esta forma, el cliente quedaba como deudor de la financiera "y al albur del tratamiento clínico" que le iban administrando en iDental.
El sistema colapsó en octubre de 2017 por las deudas contraídas con proveedores y prestamistas, sin financiación nueva y el impago acumulado de nóminas y seguros sociales, dejando de prestar los tratamientos clínicos y miles de personas afectadas en todo el país.
C y G habían llegado a montar medio centenar de sociedades en torno a iDental, pero llegado un momento extinguieron 34 de ellas, todas con deudas a la Seguridad Social, y dejaron el grupo empresarial en 21 para planificar su venta. Al final acabó en manos del fondo Weston Hill Asset Management mediante una sociedad interpuesta y el control pasó a S y los hermanos G.
Los beneficios de la operación, según el juez, iban a parar a las cuentas y sociedades personales de C y G, mientras que las deudas de las 34 sociedades disueltas quedaban pendientes y la deuda de las 21 que se mantuvieron, en la medida que no fue saldada en el momento de la venta, se transmitieron a sus adquirentes.
A través de sus sociedades interpuestas, los nuevos gestores compraron el grupo bajo un compromiso de refinanciación con los iniciales prestamistas que se cumplió "nunca" y lograron mantener el entramado con la financiación de inversores externos del otro grupo de clínicas dentales que era de su propiedad, Institutos Odontológicos Associats SL (IOA) y que "desviaron" a iDental. De hecho, el juez sostuvo que utilizaron "sin reparos" los fondos que esa empresa recibía de terceros en cuantías por valor de 56 millones de euros, lo que permitió salidas de capital a todo el grupo.
MULTAS MILLONARIAS
"Con este 'modus operandi' y sin dejar de generar deuda de manera sistemática y contumaz, iDental mantuvo su actividad" mientras despatrimonializaba las 21 sociedades "hasta su extinción o concurso de acreedores", indicó el juez, que detalló que S y los hermanos G lograron "la frustración de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social" utilizando "abusivamente los propios mecanismos de apariencia de legalidad con la TGSS para ocultar sus objetivos".
De hecho, los tres habrían obrado de manera similar en IOA, pues desde octubre de 2017, este grupo y las 12 entidades que lo conforman generaron una deuda propia de 1.627.704,52 euros.
El juez impuso a G, C y B fianzas de dos millones de euros y casi 28 para González, mientras que para S y los G la fijó en 30 millones de euros, lo que equivalía a un tercio de la multa que afrontarían en caso de ser condenados.
