MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Fue el pasado 23 de junio cuando el PP, con Gamarra a la cabeza, presentó ante la Mesa una solicitud de informe al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno para que se recabasen todos los informes y documentos que integraban los expedientes de indulto correspondientes a los nueve presos condenados.
Esta pretensión, rechazada directamente por Batet el 13 de septiembre, provocó que la portavoz del PP en la Cámara Baja acudiese al Tribunal de Garantías al entender que se había incurrido en una vulneración de sus derechos como parlamentaria.
REFORMA LABORAL
Al hilo, el Pleno resolverá también si admite o no el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados de Vox en el Congreso contra el Real Decreto de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación de trabajo.
El partido liderado por Santiago Abascal recurre que la reforma se aprobara mediante la figura del Real Decreto Ley pese a que en el preámbulo dice querer corregir "importantes desequilibrios que el mercado laboral español arrastra desde hace décadas". A su juicio, se trata de un "abuso" que el Gobierno ha convertido "en una herramienta para imponer su voluntad".
Asimismo, se espera que el tribunal se pronuncie sobre si admite o no a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de 50 diputados del Grupo Confederal-Unidas Podemos en el Congreso contra la reforma parcial del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, publicada en el Boletín Oficial el pasado diciembre.
ATENTADO DE LA T4
Según ha informado el órgano de garantías, los magistrados abordarán varios asuntos pendiente de anteriores convocatorias, como el recurso de amparo que presentaron los diputados de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña contra los acuerdos de la Mesa de la Cámara catalana de 2018 por los que se admitió la delegación de voto de los diputados Carles Puigdemont y Toni Comín. Está previsto que el vicepresidente del tribunal, Juan Antonio Xiol, sea el ponente de la sentencia.
Además, está previsto que el Pleno aplique doctrina ante los recursos de amparo presentados por Mattin Sarasola Yarzabal y Mikel San Sebastián Gaztelumendi, ambos condenados por el atentado en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, contra la decisión del Tribunal Supremo de no autorizar la interposición de recursos extraordinario de revisión contra sus condenas.
Este mismo mes, el Constitucional desestimó el recurso de amparo que presentó el etarra Igor Portu Juanena contra dicha decisión del Supremo. El tribunal de garantías consideró que las resoluciones impugnadas se ajustaban a lo dispuesto en la legislación vigente, por lo que no apreció vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
RESPONDE AL SUPREMO SOBRE LA LEY TRIBUTARIA
Entre los asuntos para primera deliberación consta una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre el artículo 203.6.b 1º de la Ley General Tributaria, relativo a las sanciones en caso de infracciones cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que desarrollen actividades económicas.
Al respecto, el Supremo pregunta si es posible que en este caso exista una vulneración del artículo 25.1 de la Constitución, que establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o infracción según la legislación vigente.
Además, el Pleno deliberará sobre una cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre un artículo de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa introducido en la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid.
En concreto, el tribunal aragonés cuestiona la constitucionalidad del artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) porque "dota a esta jurisdicción de una dimensión diferente a la que le corresponde como propia" en el sentido de que la Sala tiene una función revisoría "y no de cogobierno". El magistrado Enrique Arnaldo será el ponente de la sentencia.
Asimismo, los magistrados del Constitucional deliberarán sobre otras dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por juzgados de Alicante y de Madrid; uno relativo a la Ley de la Generalitat Valenciana de prevención, calidad y control ambiental y otro por la Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid. La magistrada María Luisa Balaguer y el magistrado Antonio Narváez estarán a cargo de las ponencias.
