Esta autorización económica se remitirá a la Sección de Planta y Oficina Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una vez designados los comisionados y adoptado el correspondiente acuerdo, el Ministerio de Justicia autorizará el llamamiento de los cinco magistrados designados para el apoyo al TS hasta el 31 de diciembre de 2022.
La dotación presupuestaria de esta medida extraordinaria asciende a 234.000 euros por seis meses, cifra que puede variar en función de su definitiva puesta en marcha.
Esta autorización se suma a las medidas extraordinarias aprobadas en 2021, y prorrogadas durante 2022, con la dotación, de 12 letrados y un presupuesto anual de casi 700.000 euros, para paliar los efectos ocasionados en el funcionamiento del TS con motivo del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años en funciones, lo que ocasiona un retraso de más de 1.000 sentencias al año.
Este plan de choque se suma a otras medidas impulsadas por el gabinete de Llop, como son la reforma del recurso de casación civil, penal y contencioso-administrativo, así como la mejora de la digitalización de las salas del Alto Tribunal o la digitalización de la jurisdicción militar, en línea con el Ministerio de Defensa.
