MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El auto declara que existe interés casacional objetivo consistente en determinar si, para conceder la prórroga de las concesiones de dominio público marítimo terrestre existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, resulta necesario acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley de Costas, donde se especifica que "únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".
De su lado, el auto muestra interés en resolver el alcance del precepto cuando el activo de dominio público no se encuentra en su estado natural y ha sido transformado como consecuencia de la intervención de la Administración del Estado.
La resolución también tiene interés en determinar si el allanamiento de la Abogacía del Estado le permite continuar interviniendo activamente en el proceso en sus fases de prueba y conclusiones en defensa de las razones de su allanamiento y, por tanto, de la legalidad del acto impugnado.
Aún está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto de la admisión del tercer recurso de casación interpuesto por la empresa y otras entidades contra la sentencia de la Audiencia Nacional.
Cerca de 5.100 puestos de trabajo en toda Galicia dependen de la actividad de esta biofábrica, según ha resaltado la compañía, que ha precisado que se trata de una instalación que, no solo cumple "holgadamente" con toda la normativa medioambiental vigente, sino que ha sido reconocida por su sostenibilidad a través de certificaciones como Residuo Cero de Aenor, la etiqueta ecológica 'Nordic Swan' (ecoetiqueta oficial de los países nórdicos) y la Distinción Oro de la Comisión Europea.
