MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
En un auto del pasado 25 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, con el magistrado Alfonso Guevara como ponente, acoge los recursos de apelación presentados por los dos hermanos y el ex director de la Radio Televisión de Andorra FRR, señalado como testaferro.
Así, los magistrados dejan sin efecto el auto dictado el 31 de enero por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 donde reiteraba a las autoridades andorranas una respuesta a las comisiones rogatorias 22ª y 23ª, libradas ambas en 2019, y otra a Dinamarca, de 2017.
Pedraz volvió a solicitar dicha información a petición de la fiscal anticorrupción Belén Suárez, que en un escrito de 20 de enero instó a recordar las comisiones rogatorias a los citados países, "no constando que las mismas hubieran sido cumplimentadas, ni razón por la que no pudieran serlo". "Las diligencias ahora interesadas resultan pertinentes, necesarias y proporcionadas", expuso el instructor.
Los dos Pujol y FRR presentaron sendos recursos de apelación en los que alegaron que el juez ya no podía encargar nuevas diligencias, aunque fueran encaminadas a recabar información demandada con anterioridad, porque la fase de instrucción acabó en junio de 2020, acordándose la apertura de juicio oral un año después.
Los hermanos recalcaron que la investigación judicial terminó ocho meses antes de lo previsto, lo que a su juicio evidencia que el instructor consideró que podía dar por concluida esa fase sin haber obtenido respuesta a esas tres comisiones rogatorias.
La fiscal reivindicó que "no se trata de la práctica de nuevas diligencias de investigación concluida la instrucción, sino que se trata de diligencias ya interesadas y acordadas durante la instrucción, y que pueden ser incorporadas al procedimiento".
MOMENTO INADECUADO
Sin embargo, la Sala de lo Penal se ha alineado con los recurrentes. "Deviene absolutamente extemporáneo que el juez de instrucción, careciendo ya de competencia para instruir en relación a un procedimiento que se encuentra en la llamada fase intermedia y hecha ya la calificación por las acusaciones, acuerde reiterar dos comisiones negativas libradas a las autoridades de Andorra y una emitida a las autoridades danesas", resuelven.
La Sección Tercera recuerda que, en efecto, es posible que "excepcionalmente" una vez acabada la investigación se permita dentro de esa llamada fase intermedia realizar algunas diligencias que sean "imprescindibles" para que las acusaciones puedan calificar los hechos, si bien subraya que este no ha sido el caso.
En consecuencia, establece que el juez "es incompetente para seguir la investigación sobre hechos ya delimitados y respecto a personas ya determinadas en los autos" de cierre de instrucción y apertura de juicio oral.
Igualmente, apunta que "el Ministerio Fiscal carece de legitimación para instar, ya formulada la acusación y acordada la apertura de juicio oral, la práctica de diligencias de investigación".
EL PATRIMONIO DE LOS PUJOL
Con esta última actuación, Pedraz refrescaba una petición de su predecesor en dicho juzgado, José de la Mata, a fin de esclarecer el origen del dinero depositado en cuentas de varios bancos andorranos que tendrían como apoderado o derechohabiente a FRR pero que sospechaba que pertenecen a los Pujol.
El juez ha enviado a juicio al ex presidente catalán y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política, imponiendo al clan una fianza de 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.
La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el antiguo president, 29 para su hijo mayor y 14 para Josep por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para los demás --Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta--, reclama una pena de 8 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales.
En su escrito de defensa, Jordi Pujol solicitó su libre absolución insistiendo en situar el origen de su fortuna en un depósito de dinero en el extranjero que hizo su padre, Florenci Pujol, para amortiguar el impacto económico que pudiera tener para la familia el "riesgo político" asumido por su hijo.
Este depósito familiar, según esgrimía el clan en sus distintos escritos, estuvo gestionado por Jordi Pujol Ferrusola, el cual sostiene que nunca se nutrió de "ingresos vinculados a la Administración Pública y su actividad de contratación y adjudicación de licitaciones".
De acuerdo con el relato de los Pujol, los 140 millones de pesetas en dólares que dejó el abuelo al morir "se beneficiaron de tres devaluaciones de la peseta y una galopante inflación", lo que supuso que cuando el hermano mayor asumió su administración la cifra había crecido hasta los 500 millones de pesetas. Los intereses siguieron engordando el depósito de modo que cada uno de los ocho destinatarios --la madre y los siete hijos-- recibió 126 millones de pesetas cuando se liquidó.
