MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El propio CGPJ ha informado de que se ha acordado por quince votos a seis rechazar esa propuesta de informe de Cuesta al aprobar la enmienda a la totalidad redactada por el vocal Enrique Lucas. Asimismo se ha acordado designar nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.
Fuentes del consejo consultadas por Europa Press señalan que el anteproyecto tiene un evidente "sesgo ideológico" y avanzan que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial.
Estas mismas fuentes indican que durante el pleno se ha rechazado que el Estado tenga competencia para aprobar una Ley de Vivienda con ese contenido, y que dado que entienden que no son correctos "múltiples aspectos" del anteproyecto, esto obliga al órgano de gobierno de los jueves a reelaborar el informe.
Un punto clave en el que discrepan es el relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que incorpora "un evidente sesgo ideológico" que será abordado en el informe que se presente a finales de enero. En cualquier caso, avanzan que lo que es evidente es que el CGPJ no dará su aval a ese anteproyecto del Gobierno de Pedro Sánchez, "sino todo lo contrario".
EL BORRADOR DE CUESTA
El borrador del informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda elaborado por Cuesta indicaba que era un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. No obstante entendía que se daba una "falta de concreción" en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.
En la nota que emitió el pasado 11 de enero el CGPJ se añadía, no obstante, que las consideraciones generales que hacía el informe sobre la norma eran "favorables". Y añadía que dado su carácter "básico", el texto del anteproyecto pretende garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tengan atribuidas las comunidades autónomas.
