MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Así respondía tras ser preguntado por la resolución de la Justicia europea relativa a la inmunidad del expresidente Carles Puigdemont en la que se advertía que el procedimiento penal, incluidas las órdenes de detención quedaban suspendidas hasta que hubiera respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el instructor Pablo Llarena.
"¿Que nos equivocamos? Pues claro, faltaría más", ha indicado, para luego apostillar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que hace es resolver una duda a través de una cuestión prejudicial. "Luego las respuestas del tribunal europeo no son en términos de derrota (...), no falla a favor o en contra, solo explica", ha indicado.
Con todo, ha recordado que la respuesta del TGUE sobre Puigdemont se encuadra en el marco de la fase de investigación, que tiene un protagonista --por Llarena--, por lo que pronunciarse sobre ese asunto "sería una osadía". Pero ha incidido en que la idea repetida una y otra vez de que la justicia española está permanentemente desautorizada por Europa es falsa.
LA ACCIÓN POPULAR
Por otro lado, Marchena se ha referido durante su conferencia en el Instituto de Emprendimiento Avanzado, que ha versado sobre la necesidad o no de mantener la acción popular y sobre si es más un remedio que un problema, que él aplaude la acción popular cuando sirve de control de cualquier "tentación abstencionista" del poder público, pero se ha mostrado contrario a la misma cuando se usa como "instrumento para trasladar la contienda política al proceso penal".
"Sí creo incondicionalmente en la acción popular cuando se concibe como instrumento para actuar como control de cualquier tentación inhibicionista o abstencionista del fiscal de no implicarse de forma institucional obligada en la investigación de un hecho delictivo", ha comentado, para sumar a esto que "si es un elemento de control de la desidia de los poderes públicos, de reequilibrio de poderes en el proceso", lo aplaude.
Marchena considera que instrumentalizar la acción popular para trasladar la contienda política al proceso penal es un error porque "los valores que se ventilan en el plano procesal nada tiene que ver con los de la contienda política". "Lo que muchas veces hay es una profesionalización del ejercicio de la acción popular porque se rentabiliza en términos mediáticos, publicitarios", ha lamentado, añadiendo que sin embargo no le vale "la descalificación de la acción popular ruda sin matices".
Tras repasar los últimos acercamientos a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para retocar la función de esa acción popular en el proceso, ha recordado que no se puede caer en una "descalificación radical y absoluta de la acción popular", aunque se ha mostrado partidario de "retocar los presupuestos normativos que producen un uso patológico de la acción popular".
