Llop ha iniciado su discurso haciendo alusión a los principios rectores que inspiran la acción del Ministerio de Justicia. El primero de ellos, dar respuesta a la ciudadanía, que espera que la Justicia se configure como un servicio público accesible, eficiente, sostenible, ágil, fiable y con las garantías propias de un Estado social y democrático de Derecho.
Asimismo, “la Justicia debe ser un elemento tractor en la remoción de obstáculos en el camino hacia la igualdad de oportunidades, prestando especial consideración a la protección y asistencia de las personas en situación de vulnerabilidad”, ha añadido la ministra.
Según Llop, tampoco se pueden dejar al margen de la Justicia elementos esenciales que configuran las políticas públicas del siglo XXI, como son la cooperación con la Unión Europea, la lucha contra el cambio climático, la cohesión territorial y el reto demográfico.
Otro de los principios rectores que ha señalado la titular de Justicia es la “gobernanza multinivel” y el pleno respeto al autogobierno de las Comunidades Autónomas y a las competencias de las entidades locales.
Por último, Llop ha aludido a la igualdad de las mujeres: “La Justicia debe ser una herramienta para esta revolución, para poner fin de una vez para siempre a una historia constante de segregación, minusvaloración y la discriminación que las mujeres han padecido y padecen”, y ha apelado a un “servicio público integral al servicio de la igualdad de la ciudadanía y de la convivencia.
Objetivos fundamentales y medidas para lograrlos
Con estos cimientos se pretende alcanzar los tres objetivos fundamentales del Ministerio de Justicia, que son, según ha explicado la ministra, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía; mejorar las condiciones profesionales y laborales de las personas que trabajan en el sector; y contribuir a la transformación del país.
Para conseguirlos, se están implementando una serie de medidas, entre ellas, los tres anteproyectos de ley de eficiencia -procesal, organizativa y digital-, vertebradores del plan Justicia 2030.
Estas normas traerán consigo la creación de nuevas figuras, como las Oficinas de Justicia en los municipios, pieza fundamental para la cohesión social y territorial; la potenciación de los medios adecuados de solución de controversias, que reducirán el conflicto social y evitarán la sobrecarga de los tribunales; o la transformación digital que, junto a la cogobernanza, favorecerán la interoperabilidad de la información y de los procedimientos.
Llop también ha destacado la importancia de la configuración de la Justicia orientada al dato, la apuesta por las sedes judiciales sostenibles y el sistema de becas, en lo que ya trabaja su Ministerio para la consecución de estos objetivos.
Igualmente, la ministra de Justicia se ha referido a las medidas para mejorar la conciliación de la vida personal y familiar de la abogacía, procura o graduados sociales, o la regulación de la baja por maternidad o paternidad como casusa de suspensión del procedimiento.
Actividad legislativa
Para finalizar, Llop ha hecho alusión a la necesidad de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico al marco europeo y a la realidad cambiante.
En este sentido, ha mencionado al grupo interinstitucional que trabaja en el borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal; al trabajo conjunto del Gobierno y el Ministerio en el anteproyecto de Ley en materia concursal; al anteproyecto para luchar contra el fraude digital, para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, el anteproyecto de Ley Orgánica de derecho de defensa o el anteproyecto de Ley reguladora del procedimiento de determinación de la edad de personas migrantes menores de edad.
También ha apuntado hacia la consideración de una nueva regulación que persiga la propagación de desinformación “destinada a socavar al propio Estado de Derecho y a la propia convivencia de la ciudadanía”, y ha adelantado su compromiso para poner fin a la prostitución.
