MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
"Siendo de conocimiento público que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales preceptos del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, en su redacción original y en la modificación operada por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, se suspende el señalamiento de este recurso", indica en una providencia adelantada por Vozpopuli a la que ha tenido acceso Europa Press.
Así, incide que "a la espera de que se publique la correspondiente sentencia del Tribunal Constitucional y de dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal sobre su incidencia en este proceso", acuerdan postergar cualquier decisión.
Los magistrados con esta providencia responden así a un recurso de casación presentado por el abogado Curro Nicolau contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Precisamente, en agosto de 2020, Nicolau interpuso un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat contra la resolución de la Conselleria de Sanidad de limitar a 15 personas el máximo de asistentes a reuniones familiares o sociales en el ámbito privado, al considerar que se trata de una "extralimitación constitucional".
El abogado pedía entonces la medida cautelarísima de suspender la vigencia de la resolución impugnada, por el perjuicio "irreparable" que suponía esta medida "pues ya nunca podrá repararse los días que no ha podido disfrutar de su vida y libertad personal".
EL DECRETO DE VALENCIA
Si bien la providencia es de 10 de noviembre, consta un nuevo escrito con fecha de 15 de noviembre de este abogado en el que solicita al Supremo que tenga por admitida la sentencia del TC sobre la prórroga del estado de alarma, que declaró inconstitucional el sistema de cogobernanza con las comunidades autónomas implantado por el Gobierno, y que por tanto dicte una sentencia favorable a su demanda y que proceda a "declarar la nulidad de pleno derecho del Decreto impugnado con determinación de los daños y perjuicios que correspondan".
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Nicolau indica que atendiendo al TC "que deja bien claro la nulidad del sistema de cogobernanza que vino a aplicar el Decreto impugnado, (...) no cabe duda de que el Tribunal Supremo debe declarar la nulidad del Decreto 15/2020 de la Generalitat Valenciana". En ese decreto el Gobierno valenciano adoptaba medidas temporales y excepcionales en la Comunidad Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración del estado de alarma.
