El encuentro ha venido precedido del saludo del presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, y, a través de videoconferencia, de la vicepresidenta de la Comisión Europea en Valores y Transparencia, Věra Jourová.
El presidente del Senado ha destacado la importancia que tiene que la Justicia sea accesible para todas las personas, vivan donde vivan, “un desafío todavía mayor en la llamada España vaciada”. En este sentido, ha puesto en valor el proyecto de las Oficinas de Justicia en los municipios, del plan Justicia 2030, “un buen ejemplo de ese diálogo entre el Gobierno central, las CCAA y las administraciones locales”.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, por su parte, ha elogiado el ejemplo de cooperación territorial para Europa de este encuentro sectorial y ha acogido con satisfacción el comienzo de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital, “que permitirá reforzar las inversiones para la digitalización de la Justicia, en la que España goza de una buena posición de partida”. Jourová ha animado, además, a continuar avanzando en el desarrollo de la interoperabilidad entre los sistemas de gestión procesal utilizados en las distintas CCAA.
Llop ha agradecido su participación, que supone un reconocimiento de las instituciones españolas y europeas al valor de la cooperación territorial. Según la ministra de Justicia, este esfuerzo conjunto en materia de cooperación territorial en asuntos de Justicia constituye una “base extraordinaria sobre la que continuar construyendo unos proyectos vanguardistas que suponen un cambio de paradigma en la Justicia española”.
La ministra se ha referido a Justicia 2030, el plan de su departamento para transformar el servicio público de Justicia, plenamente alineado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en cogobernanza y con un horizonte temporal de 10 años, como palanca para la transformación del país a través del impulso del Estado de Derecho y del acceso a la Justicia.
“Queremos una Justicia de calidad mediante la optimización de la inversión tecnológica, una organización de los juzgados y tribunales más accesible, eficiente y sostenible, y que incorpore cauces procedimentales más operativos”, ha expuesto Llop.
En este sentido, en el encuentro se han abordado diferentes puntos para avanzar con las tres piezas fundamentales del plan Justicia 2030 y que tienen este objetivo señalado por la ministra, que son las leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal.
En cuanto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, que recientemente ha iniciado su tramitación, la ministra de Justicia ha enfatizado su especial relevancia en la eliminación de la brecha territorial y del proyecto de la Justicia orientada al dato.
Implantación del nuevo modelo organizativo
Asimismo, en el encuentro se ha abordado el programa para la implantación del nuevo modelo organizativo del servicio público de Justicia, contemplado en la ley de eficiencia organizativa, que recoge las nuevas estructuras organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia, que son los Tribunales de Instancia, las Oficinas Judiciales y las Oficinas de Justicia en los municipios.
Este programa de implantación se articula en diez proyectos concretos, que abarcan desde la identificación y preparación de todas las normas y directrices necesarias para la implantación de estas nuevas estructuras, pasando por el diseño organizativo y elaboración de relaciones de puestos de trabajo, la adecuación de espacios y configuración tecnológica, la reorganización y acoplamiento de todo el personal, hasta todo lo concerniente a la gestión del cambio asociada al proceso.
El modelo de implantación contempla, además de la participación del Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias, la de otras instituciones como son el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Española de Municipios y Provincias, por lo que concierne a las Oficinas de Justicia en los municipios.
El programa también recoge la creación de una oficina de implantación que definirá, ejecutará y dará seguimiento a todos los proyectos, y que contará con alrededor de 125 personas.
Esquema común de seguridad laboral
En la reunión sectorial también se ha planteado la necesidad de crear un esquema común de seguridad laboral de la Administración de Justicia. Se trataría de un marco común de conceptos, compartido y coordinado, que siente las bases de una adecuada prevención y protección de la seguridad y salud de todos sus empleados públicos.
Otros de los puntos tratados hoy en la Conferencia Sectorial han sido el avance en la implantación del nuevo modelo de Registro Civil, el Portal de Justicia basado en datos y el proyecto de sedes sostenibles.
Respecto al primero, ya se trabaja en la elaboración del Reglamento del Registro Civil, se ha puesto en marcha la Oficina General de Madrid y próximamente se desplegará la Oficina General de Barcelona, que ha comenzado con la fase de formación de su personal. Ahora se pretende dar continuidad al despliegue en el resto del territorio, siguiendo el criterio de mayor a menor población. También se avanza en el desarrollo del sistema DICIREG y la incorporación al mismo de los datos existentes en INFOREG y libros manuscritos.
En relación al Portal de Datos, se han identificado dos ámbitos fundamentales de actuación: la tramitación judicial orientada al dato y la explotación de la información de la Administración de Justicia. Para ello se ha puesto en marcha la infraestructura tecnológica que permite la recopilación de información de múltiples fuentes de datos.
Por último, en cuanto al proyecto de rehabilitación sostenible de sedes de Justicia, que tiene como objetivo último contribuir a la lucha contra el cambio climático, se han identificado 11 ámbitos de intervención y 53 criterios, relacionados con la energía, el ciclo de vida, la gestión del agua, la salud, agenda urbana, accesibilidad y el uso.
Acuerdos
En la conferencia se han aprobado, además, dos acuerdos. Uno, sobre los objetivos, indicadores y criterios de distribución de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el desarrollo del programa conjunto de reformas estructurales del servicio público de Justicia. El acuerdo contempla la creación de cuatro bloques que abarcan los 10 proyectos prioritarios fijados ya en la anterior conferencia sectorial con criterios de reparto diferenciado para cada uno de ellos.
En segundo lugar, se ha aprobado el acuerdo para el reconocimiento de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito (OAVD), tanto las dependientes del Ministerio como las puestas en funcionamiento por las CCAA con competencias transferidas, como servicios especializados que podrán acreditar la situación de violencia de género, a los efectos del artículo 23 de Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. El objetivo último de este acuerdo es evitar la revictimización secundaria y que las víctimas se vean obligadas a acudir a otros recursos.
