MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados del Alto Tribunal han asegurado que no cabe la admisión de la querella porque el acto administrativo no fue adoptado por el titular de Interior, sino por el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil, "por lo que no cabe atribuir la autoría de los delitos que se imputan al señor ministro".
El Supremo ha estimado que "se precisarían elementos probatorios de mayor consistencia para establecer esa inferencia, ya que lo único acreditado es que quien dispuso el cese fue la autoridad administrativa a la que correspondía la competencia para ello, sin que se tenga constancia alguna de la intervención del ministro en dicha decisión, por más que pudiera estar de acuerdo con ella".
