CASTIGAR AL CGPJ A COSTA DE LA JUSTICIA
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha manifestado su preocupación por el deterioro que para el trabajo ordinario de dicho órgano supone el hecho de no poder cubrir las plazas que van quedando vacantes por jubilación o fallecimiento -12 ya en el total en las cinco Salas, que se incrementarán en los próximos meses-. Aunque la causa última de una situación tan disfuncional es la falta de renovación del CGPJ en plazo, lo cierto es que no existiría ese problema si la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno no hubiera aprobado la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que reforma la LOPJ impidiendo a lo que denomina un CGPJ “en funciones” -es decir, con el mandato de sus vocales ya vencido- realizar los nombramientos que le competen en relación con los más altos órganos judiciales (como magistrados del Tribunal Supremo o presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias).
En la Exposición de Motivos de la citada Ley se justifica esta limitación en que se trata de “un haz de competencias y atribuciones que legítimamente han de corresponder al Consejo entrante o renovado y no al saliente”, mientras que las que aún se le mantienen son las que “resultan indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales”. Sin embargo, esta separación de facultades carece, por un lado, de justificación constitucional; y, por otro, resulta gravemente perjudicial para el funcionamiento ordinario de al menos un importante número de tribunales. Respecto de lo primero, el art. 122.2 CE menciona cuatro funciones que son esenciales para el CGPJ: “Nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”. En su reforma, se ha elegido de manera completamente arbitraria sólo la primera de ellas como de desempeño exclusivo del futuro CGPJ, mientras que las otras tres podrían seguir ejerciéndose por el CGPJ en funciones, sin que se explique de forma convincente porque se mantiene la legitimidad para unas y no para la otra. Pero, además, lo que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo está denunciando es que no es cierto que la reforma no afectaría al funcionamiento ordinario de la Justicia: la imposibilidad de renovar las plazas vacantes ya está generando un retraso en el dictado de resoluciones en las diferentes Salas, y podría terminar colapsándolas.
Para más inri, como parece que esa limitación legal de las funciones del CGPJ no ha producido el resultado apetecido -forzar la renovación del órgano-, ahora se pretende alcanzarlo con una nueva maniobra de “ingeniera jurídica”, rescatando la que se llevó a cabo en marzo de 1996. Se trataría de provocar la disolución del órgano mediante la dimisión de una buena parte de sus vocales. Los que sostienen esta peregrina tesis no parecen tener en cuenta lo que establece el art. 409 CP, que castiga a las autoridades públicas que participen “en el abandono colectivo o (sic) manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad”. Aunque este precepto está pensado para las huelgas ilegales de funcionarios, el tipo penal puede perfectamente aplicarse a las autoridades que deciden abandonar sus funciones públicas con el fin de dinamitar el órgano del que forman parte, provocando un caos del servicio público afectado. Si algo no necesita ahora la Justicia española es que los vocales del CGPJ -que perderían además su fuero al dimitir- terminaran siendo investigados por la comisión de un posible delito. Mejor dejemos los juegos de salón y exijamos a los partidos que se pongan de acuerdo en renovar de una vez el CGPJ, y de paso en revisar el sistema de elección de los vocales judiciales, tal y como nos piden las autoridades europeas.
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