MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El orden del día del Pleno incluye el análisis de los recursos de Cuixart, del que será ponente el presidente del TC, Juan José González Rivas, y de Sànchez, de cuya ponencia se encargará el magistrado Santiago Martínez-Vares García.
En abril, la corte de garantías avaló la primera condena por sedición del 'procès' al rechazar el recurso del ex consejero catalán Jordi Turull, sentenciado a doce años de cárcel e inhabilitación absoluta por ese delito y el de malversación.
Posteriormente, también respaldó la condena a 10 años y 6 meses de cárcel impuesta al que fuera consejero de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña Josep Rull por sedición y malversación.
En ambos casos, el TC se fracturó con los votos discrepantes de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, una ruptura de la unanimidad que fue bien recibida por las defensas al considerar que será útil de cara a un eventual recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según las fuentes consultadas entonces por Europa Press.
Antes de los recursos de Turull y Rull, el TC ya había rechazado --aunque de forma unánime-- los de los ex consejeros Meritxell Borrás y Carles Mundó, si bien en estos casos la condena era únicamente de inhabilitación y multa por un delito de desobediencia.
En su respuesta a Borrás, el TC ya contestó a uno de los argumentos esgrimidos por los líderes independentistas avalando la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar el 'procès', en atención a la condición de aforados de los encausados y a que parte de los hechos fueron cometidos en el extranjero.
ASEDIO AL PARLAMENT
Por otro lado, el TC también estudiará el recurso presentado por las personas que fueron condenadas por el Tribunal Supremo por el asedio al Parlament de Cataluña que tuvo lugar en junio de 2011. En este caso, el ponente será Cándido Conde-Pumpido.
La Audiencia Nacional absolvió a los 19 acusados de la comisión de delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita al entender que se debe admitir "exceso" en el ejercicio de la libertad de expresión por la "dificultad" de algunos sectores para hacerse oír.
El Supremo, por su parte, anuló el fallo de la Audiencia Nacional condenando a ocho de los acusados a tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado.
El alto tribunal determinó que "paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático".
