MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
En concreto, el juez condena al INSS, que denegó esta prestación, a que abone a la trabajadora una pensión vitalicia equivalente al cien por cien de su base reguladora de 1.186 euros, 14 veces al año y con efectos desde noviembre del 2019.
De esta forma, la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona, ha estimado la demanda presentada en nombre de la trabajadora por el centro médico jurídico Tribunal Médico al considerar que las migrañas que padece la mujer son frecuentes y le impiden no solo trabajar como dependienta en una ortopedia, sino en cualquier otra profesión.
La trabajadora sufre secuelas de hemorragia intracraneal, persistencia de cefalea intensa, mareos, náuseas y vómitos, falta de concentración y memoria de frecuencia diaria. Unas patologías que, a juicio de Tribunal Médico, son merecedoras de una "incapacidad permanente" absoluta dada la existencia de migrañas repetidas que impiden el desarrollo de cualquier profesión.
Además, el informe del médico de familia indica que las secuelas la limitan en las actividades de la vida diaria, precisando ayuda de terceros para hacerse cargo de su hija. El mismo dictamen concreta que la joven ha sido derivada a la clínica del dolor, lo que evidencia la cronicidad de la dolencia y que no mejora con los tratamientos, a pesar de que han transcurrido más de dos años desde la aparición de la hemorragia.
La migraña, apunta el juez, ha podido hacerse crónica por la ansiedad y el estrés laboral de la paciente causados por su rápida incorporación al trabajo en el periodo de convalecencia de la lesión cerebral.
"Nos encontramos con una situación en la que la Seguridad Social tiene menos personal en activo y, en cambio, hay más procesos de bajas y peticiones de pensiones, a lo que debe sumarse que actualmente la Subdirección General de Evaluaciones Médicas-ICAM en la inmensa mayoría no está citando al enfermo, basando sus informes en la documentación médica que tiene volcado los pacientes en el 'La meva Salud'. Todo ello provoca que en muchas ocasiones no se aprecien todas las limitaciones orgánicas y funcionales del paciente y genera una inseguridad jurídica que aboca al afectado a reclamar por vía judicial", ha zanjado el responsable del centro Tribunal Médico, Alejandro Rusiñol.
