PRESERVAR A LA INFANCIA
La protección integral de la infancia es una prioridad global que exige la implicación tanto de los poderes públicos como de la ciudadanía en su conjunto, pues la defensa de los derechos de quienes hoy representan el futuro y la esperanza de la sociedad es, sin lugar a dudas, la única forma de perpetuar los valores que se consagraron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Con ese espíritu, y bajo la guía de la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989, el Día Internacional de la Infancia, que mañana conmemoramos, debe servir para que la comunidad internacional tome conciencia de las múltiples situaciones de discriminación que aún persisten y que atentan contra la dignidad de los menores, a veces incluso de la manera más trágica inconcebible. Así, la Organización Internacional del Trabajo estima que en el mundo existen más de 152 millones de niños que se han visto abocados al trabajo infantil; una realidad que, si bien solemos identificar como lejana y propia de determinadas regiones del planeta especialmente vulnerables, está más cerca de lo que imaginamos.
No podemos obviar que muchos menores son víctimas de trata de seres humanos allende las fronteras de cualquier país, incluyendo las de España; captados por auténticas organizaciones criminales que sin el menor de los escrúpulos someten a los niños a trabajos forzados, obligándolos a mendigar o a cometer actividades ilícitas, así como a la peor forma de violencia posible: la explotación sexual. Por otro lado, la crisis humanitaria provocada por el Covid-19
ha tenido un impacto mucho más intenso sobre determinados colectivos como migrantes, mujeres o niños, ahondado en las desigualdades estructurales preexistentes y con riesgo de revertir los logros alcanzados en favor de los mismos durante las últimas décadas.
Ante este escenario, los Estados deben dotarse de cuantos recursos resulten necesarios para continuar mejorando sus ordenamientos jurídicos con la finalidad de brindar a los menores el amparo holístico que merecen; siendo éste, precisamente, el principal objetivo del proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, sobre el que la Abogacía ha realizado algunas enmiendas para remarcar la importancia de la defensa letrada de los niños desde el primer momento y en todos los procedimientos, tanto judiciales como administrativos.
Otra de las grandes reivindicaciones de la Abogacía -compartida desde hace tiempo en múltiples foros- es la especialización de la planta judicial a través de Juzgados de Familia, Infancia y Capacidad, así como el refuerzo de los mismos con recursos de apoyo como equipos sociales, puntos de encuentro, coordinadores de parentalidad o servicios de mediación. Una tutela plena de los intereses de los menores, que ponga en el centro el derecho de los mismos a ser escuchados y que incida en la prevención para preservarlos frente a cualquier forma de abuso, pasa por una formación específica y multidisciplinar con perspectiva de infancia por parte de todos los colectivos profesionales y agentes sociales implicados.
La infancia y la adolescencia son momentos críticos en el desarrollo de toda persona, por lo que no es de extrañar que la protección de los menores ocupe un lugar preeminente en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la cual prevé en varias de sus metas acabar con la pobreza, la explotación y la desigualdad que sufren los mismos en todas sus formas.
