PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Este Consejo, que deberá ser constituido en un plazo no superior a tres meses, tiene como objetivo "mejorar la gobernanza en la administración de justicia mediante la participación coordinada de diversos actores y actrices".
Según ha destacado en un comunicado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, este órgano "nace con la vocación de ser un foro de participación y colaboración donde, de manera efectiva, todos los sectores implicados en la prestación del servicio social de justicia puedan contribuir en el proceso de toma de decisiones".
En palabras de Eduardo Santos, el Consejo "es un buen instrumento para favorecer la transparencia y la participación, que son principios esenciales para este departamento en su acción de Gobierno".
Santos ha destacado que "uno de los objetivos clave del Consejo va a ser trabajar en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, y no sólo en lo relativo a la violencia de género o la desigual distribución de responsabilidades y poder en la Administración de Justicia en general".
Así, ha explicado que la Justicia "debe ser activa contra la desigualdad estructural que sufren las mujeres"; y que ello implica "cuestiones como identificar la impronta patriarcal en resoluciones de diversos órdenes; reflexionar sobre las reformas legislativas que pueden ser necesarias; servir de foro de contacto entre agentes judiciales y académicas que hayan llevado a cabo aportaciones al respecto; o incorporar los estudios de género y feministas a las reflexiones respecto a la interpretación y aplicación del derecho positivo". En opinión de Santos, el nuevo Consejo Asesor "va a permitir que esa visión vaya, progresivamente, calando en la Justicia".
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
El Consejo Navarro de Justicia toma el relevo del Consejo Asesor de Justicia de Navarra, creado en 2004 pero que permanecía inactivo desde el año 2011; y quiere seguir la senda de la experiencia de coordinación impulsada durante la pandemia del pasado mes de marzo. En aquel momento, desde el Gobierno de Navarra se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Justicia y con el Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía, letrados y letradas de la Administración de Justicia, Colegios de la Abogacía y de la Procura, graduados y graduadas sociales, y con las representaciones sindicales del personal transferido.
Así, el Consejo estará compuesto, (además de por el consejero competente en materia de Justicia, que ejercerá la presidencia) por quienes ostenten en cada momento la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN); la Fiscalía Superior de Navarra; la secretaría de Gobierno del TSJN; y dos personas integrantes de los órganos de gobierno del Poder Judicial en Navarra, designadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
También tendrán representación los Colegios de la Abogacía de Navarra (2 personas), el Colegio de la Procura de Navarra (1 representante), la Junta de Personal al servicio de la Administración de Justicia en Navarra (1 representante), y el Colegio de Graduados y Graduadas Sociales de Navarra (1 persona). El Consejo se completará con la persona al frente de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra, y con el director o directora del Servicio de Recursos Humanos y Nueva Oficina Judicial y Fiscal del Gobierno de Navarra. Integrar este Consejo no supone remuneración alguna.
El Consejo Navarro de Justicia tendrá como funciones, según el decreto foral que lo constituye, estudiar y proponer actuaciones que "contribuyan a la mejora" de la Administración de Justicia en la Comunidad foral. Sus propuestas, estudios e informes tienen el carácter de facultativos y no vinculantes; y serán comunicados a las entidades y sectores sociales que sean considerados interesados o afectados, según el contenido de aquellos.
El Pleno del Consejo se reunirá, en sesión ordinaria, al menos dos veces al año, y tendrá la potestad de constituir diferentes ponencias o grupos de trabajo, en función de las necesidades detectadas. En esos grupos, podrán integrarse personas ajenas al Consejo, cuya experiencia profesional o conocimientos técnicos se consideren de interés para el ejercicio de sus funciones. En particular, en los asuntos en que la brecha de género sea especialmente significativa, se procurará contar con personas expertas en género.
