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Lucha contra la corrupción

El Notariado y la Agencia Valenciana Antifraude acuerdan cooperar en la lucha contra la corrupción

08/10/2020
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El Consejo General del Notariado (CGN) y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) han acordado, mediante la firma de un convenio, cooperar en la lucha contra la corrupción, según ha informado la primera de estas entidades en un comunicado. Así, ha destacado que por medio de esta iniciativa la AVAF podrá acceder a las bases notariales de titularidad real y personas con responsabilidad pública del CGN.

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Antoni Llinares, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez

Sanchiz, han suscrito telemáticamente el convenio de colaboración entre ambas instituciones. En la firma estuvo también el decano del Colegio Notarial de Valencia.

El acceso telemático a los archivos del CGN se realizará "con los máximos estándares de seguridad y según la normativa de Protección de Datos", ha destacado el CGN, que ha apuntado que "la información notarial permitirá dotar de mayor eficacia a los sistemas de comprobación y actuaciones inspectoras de la AVAF".

Esta entidad autonómica independiente busca "prevenir y erradicar el fraude de las instituciones públicas valencianas impulsando la integridad y la ética y fomentando una cultura de buenas prácticas y de rechazo a la corrupción", ha recordado el Consejo General del Notariado.

Entre las funciones de la agencia se encuentran "investigar casos de uso irregular de fondos públicos, alertar de conductas del personal público que comporten el abuso de información en beneficio privado, investigar e incoar procedimientos constitutivos de infracción o prevenir conflictos de intereses.

El convenio suscrito ahora se completa territorialmente con otro similar firmado por el CGN con la Generalitat valenciana el pasado mes de mayo que permitía a la Inspección General de Servicios de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública el acceso a las bases notariales "para la investigación de irregularidades cometidas por personas o empresas relacionadas con el sector público".

El Consejo General del Notariado creó en 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP). Los técnicos desarrollan su trabajo analizando datos del Índice Único Informatizado Notarial, que contienen información procedente de las escrituras autorizadas ante los casi 3.000 notarios españoles, ha explicado la entidad.

De este índice se derivan a su vez, otros dos archivos. En concreto, la Base de Datos de Titular Real (BDTR) y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BDRP). La BDTR, en funcionamiento desde 2012, "es única en el mundo y permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad mercantil".

En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles como asociaciones, fundaciones o partidos políticos. Desde su creación, jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por ley (entidades financieras, auditoras o aseguradoras) han solicitado al OCP más de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales.

PERSONAS FÍSICAS

Además, se han firmado 51 acuerdos con sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales (desde bancos hasta inmobiliarias) que solicitan información de esta base para cumplir con su deber de conocer quién es el titular real de una sociedad, ha agregado el CGN.

Por otra parte, en la BDRP están identificadas 39.437 personas físicas: 22.467 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 16.970 personas allegadas; 2.088 por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa una persona con responsabilidad pública y 14.882 con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública.

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