MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en Justicia, ha mantenido este jueves una reunión con el ministro Juan Carlos Campo en la que ha reclamado la urgente provisión de medios materiales y humanos para reducir la saturación y evitar el colapso en los juzgados. Le ha advertido que ya hay juicios y expedientes judiciales que ya sufren retrasos de dos años.
En una nota remitida tras concluir la reunión, CSIF señala que el debate político sobre la renovación del poder judicial está orillando los problemas que sufren a diario miles de ciudadanosante el retraso de los expedientes y procesos judiciales, que se han visto agravados como consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia.
"El año judicial ha comenzado sin refuerzos y más retrasos, por lo que se hace necesario tomar medidas urgentes para evitar una situación de colapso", añaden.
Según la central, suspensión de actuaciones durante el confinamiento y las consecuencias procesales de la covid-19 han agravado la situación en algunas sedes judiciales y el atraso acumulado de expedientes está entre los 6 meses y el año, llegando incluso a señalarse juicios a 2 años en algunas grandes ciudades.
En este sentido, CSIF ha trasladado al ministro su preocupación porque hay varias comunidades autónomas que no han iniciado los planes de actuación previstos para afrontar la demora ocasionada por la pandemia pese a que su puesta en marcha estaba prevista para el 1 de septiembre. Los funcionarios insisten en la necesidad de reprogamar las actuaciones suspendidas, fundamentalmente juicios y comparecencias, durante el confinamiento y monitorizar la entrada de nuevos asuntos en todos los órdenes jurisdiccionales.
El sindicato preparado un informe con 56 medidas o líneas de actuación que inciden en la necesaria transformación tecnológica, la adecuación de los perfiles profesionales, la planificación de los recursos humanos, la formación y la negociación colectiva.
Reclaman asimismo reformas legislativas que deben atender a las necesidades de los ciudadanos agilizando la tramitación de los procedimientos sin menoscabo de sus derechos y garantías procesales y una financiación "suficiente y estable".
