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El CGPJ y los liquidadores de la democracia; por Jorge Fernández Vaquero, magistrado y portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV)

03/08/2020
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El día 1 de agosto de 2020 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Jorge Fernández Vaquero, en el cual el autor opina que la escasa confianza en la Justicia es el camino más corto hacia una sociedad corrupta.

EL CGPJ Y LOS LIQUIDADORES DE LA DEMOCRACIA

Los partidos políticos de nuestro país se embarcaron hace ya bastantes años en un proceso de colonización que les ha llevado a ocupar todos los espacios de participación y decisión de nuestro sistema político y social.

En nuestra democracia los partidos son el instrumento esencial para la participación política plural de la ciudadanía y es lógico que exista una importante vinculación entre ellos y las instituciones que ejercen poder público. Pero esa lógica tiene unos límites, en particular los necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. El más importante de esos límites procede de la separación entre poderes y la independencia del Poder Judicial. Solamente un sistema judicial independiente puede garantizar los derechos de los ciudadanos, incluyendo sus derechos políticos. De manera que, en un Estado democrático de Derecho como el nuestro, la independencia judicial es una garantía básica para la democracia misma.

La independencia judicial exige, ante todo, que los jueces actúen con imparcialidad y sin sometimiento a presiones externas o internas de ningún tipo al administrar Justicia. Pero, además, es necesario que la ciudadanía perciba esa independencia como algo real. Si los ciudadanos, las empresas y la sociedad en general no confían en que sus tribunales sean independientes, estarán dispuestos a buscar la satisfacción de sus intereses por otras vías, creando un caldo de cultivo óptimo para la corrupción y la falta de transparencia. La escasa confianza en la Justicia es el camino más corto hacia una sociedad corrupta.

Los líderes políticos de nuestro país llevan años arrastrando a los ciudadanos por una pendiente de descrédito institucional que también afecta al sistema judicial. Han antepuesto sus intereses particulares a los de todos. Y uno de los ejemplos más palmarios tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial.

Aunque el CGPJ no forma parte del Poder Judicial, integrado solamente por los jueces, la Constitución le atribuye la misión de gobernarlo. Sus funciones -sobre todo, en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario- son esenciales para la carrera profesional de los jueces, de ahí que el constituyente quisiera apartar de ellas al Gobierno. El CGPJ representa, pues, una barrera formal entre los Poderes Ejecutivo y Judicial que fortalece la confianza de la ciudadanía en la independencia del sistema judicial. Pero nuestros políticos han arruinado ese objetivo.

La Constitución establece que el mandato del CGPJ será de cinco años. Sin embargo, Gobierno y oposición no han tenido inconveniente en mantener al órgano de gobierno de los jueces en situación de interinidad durante largos períodos cuando les ha convenido por intereses electorales o partidistas: así sucedió entre 2006 y 2008 y así sucede desde finales de 2018 hasta hoy. Ningún político dejaría de convocar elecciones generales transcurridos cuatro de años de legislatura. Se ve que el Judicial es un Poder del Estado de segunda categoría.

También dice la Constitución que el CGPJ tendrá 20 vocales: 12 de ellos elegidos entre jueces y los ocho restantes entre abogados y juristas de reconocida competencia, cuatro de ellos a propuesta del Congreso y otros tantos del Senado. En 1985, el PSOE reformó la ley para que los 12 vocales jueces fueran elegidos también por Congreso y Senado. El Tribunal Constitucional avaló este sistema de elección advirtiendo del riesgo que implicaba reproducir en el CGPJ la división entre bloques ideológicos que caracteriza al Parlamento, ya que ello tendría consecuencias funestas para la independencia judicial. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Los políticos no han sabido o querido preservar nuestro sistema judicial del peligro obvio del que fueron expresamente advertidos no sólo por el Tribunal Constitucional, sino también por el Consejo de Europa y las asociaciones judiciales. PSOE y Podemos no quieren oír hablar del tema y el PP sólo propone una reforma cuando está en la oposición.

Según nuestra Constitución, al presidente del Consejo General del Poder Judicial -que lo es también del Tribunal Supremo- lo nombra el Rey a propuesta de los 20 vocales de dicho órgano, pero en España los políticos han usurpado esa función. Desde que Rodríguez Zapatero negoció con Mariano Rajoy el nombramiento de Carlos Dívar, ya ni siquiera se molestan en guardar las apariencias. Peor aún, los mensajes de WhatsApp en los que el senador popular Ignacio Cosidó presumía entre sus compañeros de lograr el control de la Sala Penal del Tribunal Supremo tras pactar PP y PSOE el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del CGPJ a finales de 2018 revelaban claramente un absoluto desprecio por las funciones constitucionales del órgano de gobierno de los jueces.

También nosotros, los jueces y magistrados, hemos de hacer autocrítica. Es criticable la manera en que los vocales del CGPJ, salvo excepciones contadas, han desempeñado sus funciones al elegir siempre como presidente de este órgano a la persona previamente señalada por los políticos, al votar cuestiones sensibles divididos por bloques políticos o al efectuar nombramientos de cargos judiciales descuidando las prevenciones que suscitaban las afinidades ideológicas o asociativas del designado. Al igual que sucede con los políticos, este modo de proceder de la inmensa mayoría de vocales del CGPJ -del actual y de los anteriores- también es inaceptable.

Como ciudadanos libres de un país democrático hemos de exigir el fin de esta cultura política del aprovechamiento de las instituciones del Estado para el beneficio propio. Los españoles gozamos de un Poder Judicial profesional, independiente y responsable que resuelve a diario los conflictos que llegan ante él sin someterse a nada ni a nadie, salvo al imperio de la ley.

Políticos y vocales del CGPJ son nuestro problema. A unos y a otros debemos exigirles que cumplan con su deber. Persistir en las prácticas que han mantenido hasta ahora supone avanzar en la senda de la corrupción y la pérdida de derechos. Seguir por ese camino pone en riesgo la calidad de nuestro sistema político, en última instancia. El primer deber de nuestros gobernantes es preservar nuestra democracia y no podemos tolerar que continúen liquidándola.

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