VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sala estima que no cabe tachar su actuación de conducta tipificada en los artículos 316 y 317 del Código Penal, "ya que no ha quedado acreditado, ni de forma indiciaria atendida la versión de los hechos recogida en la querella, que no cumpliera con la obligación de proveer de los equipos de protección individual al personal sanitario a su cargo, en la medida de sus posibilidades", han informado a Europa Press fuentes del TSJCyL.
Además, señala que tampoco cabe "reprochar que no se contrastara debidamente la adecuación de dichos medios para preservar del riesgo de contagio".
El alto tribunal explica que "estaban amparados por una homologación (GB2626-2006) reconocida como válida por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, lo que en principio podía estimarse suficiente para su inmediata entrega, habida cuenta la imperiosa necesidad de dotar al personal sanitario de dichos equipos y las dificultades para proveerse de los mismos, circunstancias reconocidas tanto a nivel europeo, como nacional, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".
