CEUTA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
A todos se les atribuye, tal y como recuerda la resolución, a cuyo contenido ha tenido acceso íntegro Europa Press, "tomar parte de una u otra manera en la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial de la Ciudad Autónoma en régimen de alquiler".
El supuesto "cabecilla de la organización criminal y máximo responsable" sería el ex viceconsejero y ex diputado regional del PP Antonio López, que con cinco trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa) y varios 'captadores', entre ellos un antiguo gerente del PP Regional, habrían conseguido contraprestaciones de casi 50 'clientes' gracias también a la falta de control efectivo de la Comisión Local de la Vivienda, de la que formaban parte dos ex consejeras y un diputado de la oposición también imputados.
La Audiencia ha rechazado el argumentario de la mayoría de las defensas sin entrar al fondo de la cuestión y alegando que sus postulados deberán exponerse en fase de vista oral. "Adentrarse a analizar si nos encontramos ante un grupo o una organización es innecesario, dado que ni condiciona la postura que hubieran de mantener las acusaciones si procediera continuar hacia la fase intermedia ni afecta al tipo de procedimiento a seguir", ha advertido.
Las diligencias de la macrocausa se abrieron en junio de 2015, cuando la ex consejera de Fomento, Susana Román, a la postre también investigada, denunció la publicación en un periódico de una "lista fantasma" de adjudicatarios de 317 VPO.
En noviembre de 2018, la instructora del caso concluyó que López y sus "captadores" formaban "una organización criminal" a través de la cual el primero "entregó" parte de las casas de una promoción de 170 e intentó hacerlo con otra de 317 "previo pago de precio" por parte de particulares.
"Cuando tenían a un particular interesado lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien, por su cargo, lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios: o bien los colaba sin que conste que cumplieran los requisitos o bien entregaba documentos creados falsamente que parecían conceder derecho", dio por constatado la magistrada en base a los indicios acumulados durante la investigación.
